Por Darío Pignotti
Desde San Pablo

El mensaje televisado en que el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva admitió el jueves que la corrupción es la “pesadilla” de su gobierno y una práctica que “avergüenza” fue el hecho saliente de una semana crispada por una crisis que no amaina tras las denuncias del diputado Roberto Jefferson, quien acusó a hombres del presidente de gerenciar un esquema de sobornos parlamentarios. Esta es la primera vez desde el 6 de junio, cuando irrumpió Jefferson, que Lula habló a la nación. Pero fue la segunda en que advirtió que la corrupción no es nueva en la política brasileña. Se trata de una “enfermedad antigua”, dijo, reforzando una insinuación precedente, cuando habló de hacer una cirugía profunda, al estilo de las “manos limpias”.

“Mani pulite”

Si se la escruta con lente de aumento, la frase “manos limpias” remite a la experiencia italiana iniciada en 1992 (contemporánea a la caída del ex presidente Fernando Color de Mello), cuando el fiscal milanés Antonio Di Pietro, luego de tomar cartas en un insignificante caso de corrupción, desanudó una madeja pavorosa. Las investigaciones de la Tangentópolis (ciudad de las coimas) deconstruyeron un sistema político vigente desde la posguerra y sustentado por la Democracia Cristiana, con la complicidad del Partido Socialista, la bendición del Vaticano y la tolerancia de la CIA, que prefería mafiosos amigos en el Palacio del Quirinal antes que al Partido Comunista.
De allí que nadie imagine que Lula esté resuelto, en principio, a emular el modelo italiano, porque de ser cumplida su promesa a rajatabla, sus consecuencias arrastrarían como un tsunami a todo el régimen: léase a toda la clase dirigente de los últimos 20 años. Proclive a la conciliación, Lula seguirá buscando una solución sin fracturas a través de un gobierno de coalición nacional con el Partido Movimiento Democrático Brasileño, al que le ofertó cuatro ministerios a cambio del vital respaldo en el Congreso, donde ya funciona una Comisión Parlamentaria Investigadora (CPI) y otras están en estudio. Pero si esa apuesta naufraga y el PMDB no es capaz de aglutinar a sus caciques provinciales en el cogobierno, los márgenes de Lula se encogerán gravosamente. Y junto con ello su credibilidad, aún robusta, comenzaría a derretirse si la CPI descubre pruebas contra su entorno. Algo que no parece descabellado.
Político sofisticado, el ex presidente Fernando Henrique Cardoso advirtió los síntomas de descomposición y dijo estar dispuesto a colaborar con el gobierno. Es una señal que en el PT registraron atentamente, porque un acuerdo con los socialdemócratas del PSDB puede ser la fórmula para un gobierno de “salvación nacional”. Pero eso todavía es hipótesis, y los petistas acusan a los “enemigos” del PSDB de estar tras las denuncias de Jefferson para desestabilizar a Lula.

Di Pietro y Barrionuevo

Roberto Jefferson, que reconoció públicamente haberse beneficiado con la misma corrupción que denuncia, no se parece en nada al fiscal Antonio Di Pietro, artífice de las “mani pulite”. Mientras el italiano era un actor ajeno al sistema político que descabezó, el brasileño está en el Parlamento hace 23 años, en los que exhibió igual destreza para hacer negocios sucios como para zafar del desafuero. Si se trata de paralelos, Jefferson recuerda al argentino Luis Barrionuevo, cuando convocó a dejar de robar por un tiempo: su imagen es de amianto, pero sus denuncias son verosímiles. Actúa con la determinación de un bonzo, no teme que lluevan pruebas en su contra ni que se desplome el sistema del que usufructuó millones.
Es posible entonces que el efecto Jefferson precipite las cosas y se desencadene en Brasil un cuadro comparable al italiano de hace una década. Y es que una vez rotos los mínimos consensos entre la dirigencia partidaria comienza a implantarse una lógica del reality show político. La semana pasada ya se vio a una ex secretaria –no se sabe si por despecho o por espíritu republicano– denunciando a su ex jefe de haber llevado los millones con que el Partido de los Trabajadores compró a sus aliados. Su relato fue por el Jornal Nacional de la TV Globo, donde también se difundió a un ex funcionario de Correos, pillado por una cámara cuando cobraba una coima, acusando al gobierno de contratos ilegales. Ayer dos medios, la revista Istoé y el diario O Globo, confirmaron las acusaciones de Fernanda Karina Somaggio, ex secretario del publicitario Marcos Valerio. Bajo el título “Aparece el dinero”, Istoé establece que Valerio retiró en menos de dos años seis millones de dólares de sus cuentas bancarias. Se cree que Valerio era el pagador de los parlamentarios alquilados y que el dinero salía de esas mismas cuentas. La cuota de truculencia fue aportada la semana pasada por un militar retirado que reivindicó la tortura y la dictadura.
El efecto de estas imágenes en una sociedad que, como dice el investigador Antonio Canelas Rubim, está educada en la percepción emocional de la política, puede avivar un sentimiento de repulsa a todo lo que connote política.

La vía legal

En paralelo con las comparecencias diarias en la CPI y la TV, la Cámara de Diputados comenzó a tratar un proyecto de reforma política, sugestivamente congelado hace más de una década. Tanto para el gobierno de Fernando Henrique Cardoso como para el de Lula, esa norma ha sido de las que mayores resistencias encontró en aquellas agrupaciones que han “extorsionado la soberanía popular haciendo prevalecer el interés pecuniario”, explica el cientista político Marcio Dias.
Pero, pese a las turbulencias que surcan el Parlamento, la semana pasada se alcanzó un mínimo acuerdo para que el proyecto de ley 2679, defendido por el PT, PSDB, PMDB y otros partidos, fuera tratado. En la norma se obliga a la fidelidad partidaria y al financiamiento público de campañas. Encabezando las fuerzas contrarias a una nueva legislación está el Partido Liberal (PL), que al comenzar su gestión esta Legislatura en el 2003 contaba con 26 diputados y hoy suma cerca de 50. El PL (respaldado por las iglesias pentecostales) y el PP (Partido Progresista) son las agrupaciones que habrían sido beneficiadas con el pago mensual de 30.000 reales por cada diputado. También el Partido Trabalhista Brasileño (PTB), de Roberto Jefferson, se opone a una nueva legislación.
Gracias a la compraventa de bancas permitida por la actual ley, los diputados al asumir entran en una especie de subasta, en la que ponen en venta su adhesión: decenas de legisladores ya han cambiado dos y tres veces de partido desde el 2003 y hay quien llegó a circular por siete bloques. “El voto fue reducido a una mercadería y los 115 millones de electores son considerados por esos partidos como un mercado”, plantea Dias, autor de Mentiras en las urnas, crónicas de dinero y fraude en las elecciones. Gran parte de esos parlamentarios recela de los “arrogantes” dirigentes del PT y PSDB. Los diputados del “bajo clero” –contó el diputado Roberto Jefferson– “están cansados de que se los trate como una amante” barata, de la que se avergüenzan en la mañana siguiente.