Por Pablo Stefanoni
Desde La Paz

Los partidos políticos bajaron la guardia y anoche avanzaba un acuerdo parlamentario tendiente a la convocatoria a elecciones generales que elija presidente y vice y renueve totalmente el Congreso en un plazo máximo de 180 días. En sintonía con los reclamos sociales, los parlamentarios retomaron una ley de necesidad de reforma constitucional aprobada en 2002 (Bolivia tiene una constitución “flexible” que puede ser modificada por el Poder Legislativo) para reformar el artículo 93 de la Constitución Política del Estado, que sólo prevé elecciones para reemplazar el Ejecutivo vacante. Por otra parte, el Ejecutivo puso ayer en vigencia la legislación petrolera (18 por ciento de regalías más 32 por ciento de impuestos).
“Esperamos alcanzar consenso en esta reunión porque hay una voluntad muy grande, muy alta, más de los tercios para llamar a elecciones generales por un nuevo período constitucional”, señaló el presidente del Senado, Hormando Vaca Díez, al ingresar a la sesión. Las discusiones continuaban ayer en el recinto, mientras la “agenda nacional” –autonomías y Asamblea Constituyente– deberá ser retomada una vez acordada la renovación del sistema político, en tanto que la elección de prefectos (gobernadores) reclamada por Santa Cruz y Tarija se anuncia como la siguiente “papa caliente”.
El nuevo Ejecutivo puso anoche en vigencia la legislación petrolera promulgada el 17 de mayo pasado (18 por ciento de regalías más 32 por ciento de impuestos), que le permitirá al Estado boliviano aumentar a 600 millones de dólares sus ingresos provenientes de los tributos a la explotación de hidrocarburos. Adicionalmente, otro decreto presidencial instruyó a los ministerios de Hidrocarburos, Gobierno y Defensa “coordinar tareas y acciones para garantizar el dominio del Estado en los yacimientos hidrocarburíferos” y la realización de auditorías a las petroleras. Para el analista Marcelo Varnoux, consultado por el matutino La Prensa, el control estatal de los pozos –a través de las fuerzas armadas y la policía– “es más bien simbólico, para dar a entender que habrá una mayor fiscalización de las operaciones petroleras”. “Habiéndose recuperado la propiedad de todos los hidrocarburos por mandato del referéndum del 12 de julio de 2004, corresponde crear condiciones para el ejercicio efectivo de ese derecho por parte del Estado en beneficio de todos los bolivianos”, señaló, por su parte, el ministro de la Presidencia, Iván Avilés.
Sin embargo, para el oposi- tor Movimiento al Socialismo (MAS), los decretos no satisfacen la demanda popular de nacionalización, lo que requeriría una “efectiva fiscalización de YPFB de las operaciones” y la posesión física de los campos por el Estado. En Bolivia operan actualmente 12 empresas petroleras extranjeras, bajo 72 contratos de “riesgo compartido” que reconocen la propiedad privada de los hidrocarburos “en boca de pozo” y que ahora deberán ser reemplazados por nuevos instrumentos legales que recuperen la propiedad estatal. Las actuales reservas bolivianas de gas natural se estiman en 52 trillones de pies cúbicos y son las segundas en importancia en Sudamérica, después de Venezuela.
“Cuando un país aprueba una ley, esta ley se cumple”, remarcó el embajador de Brasil en La Paz, Antonio Mena Gonçalvez, en relación con la implementación del nuevo marco legal del sector, en el que Petrobras ocupa un lugar de liderazgo. “No se ha hecho pública todavía la decisión final de Repsol, pero es cierto que existe un acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones con una serie de cláusulas que están a disposición de Repsol por si en algún momento decidiera activarlas”, dijo con cierto tono de amenaza el embajador español Francisco Montalbán, citado por la agencia EFE. En el mismo sentido, la Cámara Boliviana de Hidrocarburos señaló que “el que las empresas paguen sus obligaciones no significa que no se defiendan y lleven adelante sus acciones”.
Entretanto, la renovación del Parlamento cobró renovada fuerza luego del fracaso de la sucesión constitucional en manos Vaca Díez, el 9 de junio pasado, cuando los movimientos sociales coordinaron una fuerte ofensiva que incluyó un “corralito” sobre los legisladores en la ciudad de Sucre. “Si realmente hubiera querido ser presidente, habría ido a sesionar a (la alejada ciudad de) Trinidad y enseguida trasladado vacas al aeropuerto para evitar que los mineros aterricen en un Hércules”, ironizó posteriormente el senador del MIR, quien denunció una conspiración del ex presidente Carlos Mesa y Evo Morales para evitar su investidura. Sólo la asunción del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé, logró distender los ánimos y encarrilar la crispación social, que se expresaba al ritmo de las explosiones de dinamita, hacia el terreno electoral.