Cada vez que Roberto Jefferson habla, tiembla Brasilia. El diputado, que comenzó la crisis política, declaró ayer frente a la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) que lo tiene como sospechoso por el caso del Correo estatal. Descalificó la grabación que lo inculpa y acusó al Partido de los Trabajadores (PT) de derivar dinero de una empresa estatal de energía para pagar sobornos. El presidente Inácio Lula da Silva respondió con un paquete de medidas anticorrupción y no alcanzó a instalar una CPI para investigar la compra de votos en la gestión anterior. En tanto, el vicepresidente y ministro de Defensa, José Alencar, aseguró que está pensando en dejar su cartera y podría asumir el coordinador político del gobierno, Aldo Rebelo.
Jefferson ya había adelantado a la prensa que la empresa estatal Furnas Centrales Eléctricas tenía una “caja dos” desde la que repartía tres millones de reales mensuales –1,27 millón de dólares–, calificados como “sobras”. Un millón de reales iban al PT nacional, a través de su tesorero Delubio Soares, otro millón al PT de Minas Gerais –estado sede de la empresa– y el resto se repartía entre los directores de Furnas y “un grupo de diputados que salieron del PSDB (Partido de la Social Democracia Brasileña)” y se aliaron al gobierno. Jefferson aseguró que uno de los directivos le contó sobre el esquema de sobornos y que, cuando se lo comunicó a Dirceu, éste se lo confirmó. Frente a la CPI, acusó a la Agencia Brasileña de Inteligencia de haber ideado el video para incriminarlo y calificó al publicista Marcos Valerio como la “versión moderna de PC Farias (tesorero de campaña del ex presidente Fernando Collor de Mello)”. También se descubrió que Valerio había hecho movimientos de 40 millones de reales en el mismo período de los pagos ilegales.
Lula ordenó investigar de inmediato las denuncias sobre Furnas y removió a los tres directivos implicados. Sin embargo, esto no le alcanzó a la oposición. Para el senador del PSDB, Alvaro Dias, “está cada vez más claro que el gobierno y el PT usaron esos mecanismos para engordar la caja del partido y ampliar la base de apoyo en el Congreso”. Por ejemplo, el Partido Laborista Brasileño (PTB) de Jefferson pasó de tener 26 diputados al inicio de la gestión petista a una bancada de 47 legisladores. Lo inverso sucedió con el opositor PSDB, que pasó de 70 a 50 diputados.
La otra respuesta del gobierno fueron las cinco medidas anticorrupción. Mandó al Congreso un proyecto de ley para que el Código Penal penalice el enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos que no pueden explicar sus bienes “en base en sus ingresos declarados al fisco”. También firmó cuatro decretos para crear contralorías en cada ministerio, establecer mecanismos ágiles para investigar casos de enriquecimiento ilícito de altos funcionarios y obligar a los organismos públicos a publicar en Internet todas las denuncias e investigaciones. Nuevamente la oposición no quedó satisfecha: “Si quiere investigar y castigar la corrupción, ¿por qué no dejó al Congreso trabajar en paz desde el principio?”, afirmó el diputado Bismarck Maia del PSDB.
La oposición sigue atacando y el Congreso trabó la creación de la CPI que investigaría la compra de votos durante la gestión de Fernando Henrique Cardoso. Lula hasta había ordenado retirar sus propios proyectos de ley, que antes había defendido, para poder instalar la comisión. Queda ver si la oposición puede imponer una CPI con participación de las dos Cámaras. En el Comité de Etica de la Cámara baja le tocó el turno al diputado Pedro Henry del Partido Progresista (PP), uno de los supuestos “operadores” en el esquema de sobornos del PT. Henry negó haber ofrecido dinero a diputados para que ingresaran al PP, aunque confesó que todos saben que “los partidos de la base tienen más facilidades” que los demás.