Alguna vez se dijo en broma que Uruguay es una provincia argentina; claro que a la luz de la crisis que atraviesa el país vecino, ésta parece una broma de mal gusto. El creciente descontento de una sociedad ante el gobierno de Jorge Batlle que, afectado por la crisis argentina, anunció hace dos semanas un programa de ajuste, se manifestó el domingo a la noche con un cacerolazo acompañado de apagones. Pero la oposición a los anuncios de ajuste no viene sólo de las calles. El cogobernante Partido Nacional (PN, Blancos) se opone a las medidas y tras una reunión propuso una cumbre con dirigentes de todos los sectores políticos para estudiar alternativas.
Tras una reunión del PN, un partido que se encuentra especialmente dividido luego de que el ex presidente Luis Alberto Lacalle asumiera su dirección, el senador Jorge Larrañaga declaró que su partido no fija “plazos” al gobierno, pero entiende que las salidas no se pueden seguir demorando. Así, y ante las divisiones internas, resulta difícil lograr el consenso necesario para apoyar el plan anunciado por Batlle. De acuerdo con fuentes consultadas por este diario, aun cuando ciertos sectores del PN intenten tomar distancia del plan de Batlle, el partido va a terminar apoyando el núcleo del paquete.
Batlle, quien retornó ayer de Madrid donde asistió a la Cumbre Unión Europea, América Latina y el Caribe, subrayó ayer “la necesidad inmediata de llevar adelante, en el Parlamento, la consideración del proyecto de ley” de estabilidad fiscal. “Con respecto a las cuestiones políticas de fondo de largo plazo, las inmediatas, las que tienen que ver con la Rendición de Cuentas, las que tienen que ver con el reordenamiento administrativo, la eliminación de una cantidad de asimetrías en materia administrativa (y) las que tienen que ver con la reforma constitucional eventual propuesta, el gobierno está totalmente abierto a conversar con todo el mundo, como lo ha estado siempre”, dijo el mandatario.
Luego de que Batlle anunciara hace dos semanas las medidas con las que pretende hacer un recorte de 230 millones –que incluyen el aumento del impuesto a los sueldos y a las jubilaciones en las franjas de ingresos más altos y la aplicación del IVA al agua y al transporte–, un cacerolazo se hizo sentir en varias regiones de Uruguay. Anteayer volvieron a escucharse las cacerolas y a realizarse apagones, aunque esta vez, convocados por el Plenario Intersindical de Trabajadores (PIT-CNT). Tal como definió un analista, “al gobierno le están estallando en la cara problemas muy importantes en todos los frentes”, aunque se muestre especialmente preocupado por los problemas financieros y por la llamada “insolvencia financiera” para evitar decir lo que preocupa: hablar de las corridas bancarias.

Informe: Giselle Cohen.