Por Juan Jesús Aznárez
Enviado especial a Santafé de Bogotá

“Necesitamos un estatuto antiterrorista parecido al de España”, dice Alvaro Uribe. El asesinato de su padre a manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en 1983, marcó profundamente las convicciones del candidato favorito en las presidenciales de mañana, un abogado de 49 años para quien cualquier acto de violencia por razones políticas e ideológicas es puro terrorismo. “En España, en Inglaterra, es terrorismo la simple amenaza de fuerza –declara a este diario–. Imagínese la fortaleza de la legislación de Europa y nosotros con esta legislación tan débil.” Si gana pedirá una mediación internacional en las eventuales negociaciones con la guerrilla. “Y yo no hablo de guerra, hablo de autoridad.”
El candidato que en agosto de 2000 apenas llegaba al 5 por ciento en la intención de voto y ahora alcanza el 51 por ciento, capitaliza el cambio de humor de los colombianos después de que, en febrero, fracasaran el plan de paz y las concesiones del presidente conservador Andrés Pastrana hace tres años. Ahora quieren mano dura, y Uribe se la ofrece, sin llegar, precisa, a las salvajadas cometidas por las rondas peruanas o guatemaltecas contra el terrorismo y las guerrillas. “No se trata de sustituir al Estado”, afirma. Pero organizaciones de derechos humanos de Colombia temen que algunas de sus iniciativas, concretamente su propuesta de movilización de un millón de ciudadanos contra la subversión, informando o saliendo al paso de sus apoyos civiles, agraven la guerra sucia padecida por este país desde hace 39 años. La masiva red de activistas contra la subversión, agregan, puede levantar falsas denuncias por razones ajenas al conflicto y matar a inocentes. Para el candidato oficial del Partido Liberal, Horacio Serpa, la iniciativa es como tratar de apagar un incendio con gasolina. Uribe responde que “hemos llegado a esto (el conflicto nacional) por tantas décadas de falta de autoridad”.
Disciplinado, terco e incansable en el trabajo, es diplomado en Administración y Gerencia por Harvard y Oxford, y fue alcalde de Medellín, gobernador de la provincia de Antioquia (1995-97) y senador ocho años. Etiquetado de derechista, está convencido de que el frente ciudadano que propugna no se desbocará, ni será paramilitar. “Tenemos que pensar en cómo paramos este derramamiento de sangre, y la comunidad internacional puede tener la seguridad de que lo vamos a hacer con toda la firmeza pero también con todo el respeto a los derechos humanos.”
La última reunión de la ONU sobre Justicia y Seguridad, agrega, instó a los gobiernos a organizar la cooperación ciudadana para la seguridad. “Estados Unidos está organizando más de un millón de camioneros para que ayuden a la fuerza pública con su información a evitar las acciones terroristas.”
Pero Estados Unidos no es Colombia, y el candidato no desconoce la complejidad de su proyecto de movilización general, que deberá ser afinado para evitar que su utilización como herramienta de venganzas. ¿Y las eventuales denuncias en falso, sin pruebas? “Una cosa es la sustitución de la justicia por los particulares, y otro es el apoyo de los ciudadanos a las instituciones competentes”, responde. La recuperación del estado de derecho, ausente en buena parte de la geografía nacional y muy débil en aquella donde está presente, pasa, en su opinión, por el compromiso de todos los ciudadanos con el apoyo a las autoridades competentes. Y también al ejército, cuya honorabilidad defiende frente a las acusaciones en sentido contrario. “No podemos aceptar que comparen nuestro ejército con aquellos ejércitos atrabiliarios de las dictaduras centroamericanas, de Videla o de Pinochet en Sudamérica. Nuestra fuerza pública ha sidodemocrática, sensible a la crítica y ha hecho un gran esfuerzo en materia de observancia de los derechos humanos.”
“¿Dónde está el hombre?” El “hombre” es Uribe, que sobrevive protegido por un centenar de guardaespaldas. Uno de ellos avisa por un transmisor sobre la presencia del periodista en el hotel bogotano. El candidato, casado y con dos hijos de 20 y 18 años, permanece prácticamente enclaustrado desde que un bombazo casi lo mata en abril. Lo salvó el blindaje del vehículo, pero murieron cuatro personas. El martes fue desactivada una bomba en las oficinas de su campaña de Manizales, y el jueves lanzaron un artefacto explosivo contra las de Medellín. Sus colaboradores dicen que han querido asesinarlo en 15 ocasiones.
Siendo gobernador de Antioquia promovió las cooperativas rurales “Convivir”, que fueron asociadas con el paramilitarismo por sus adversarios. “Al final de esa gobernación, el secuestro había descendido en un 60 por ciento, las carreteras eran transitables, y el homicidio había bajado un 20 por ciento”, según destaca en el “Manifiesto democrático” de su programa. “Los empresarios pudieron volver a trabajar en Urabá, regresó la tranquilidad para los trabajadores y cesaron las masacres.” El ascenso de su candidatura atrajo como la flauta de Hamelin: gente de buena fe y otra de dudosa calaña, entre ella turbios senadores y barones regionales, se acercan a quien puede ser presidente en agosto.
Los cambios ofrecidos por este liberal independiente de fuerte arraigo rural, un profesor universitario con propiedades ganaderas, son ambiciosos. Propone un Congreso unicameral y reducir el número de diputados de 266 a 150. No entiende que un legislador colombiano gane el doble que un europeo. Además de cambios constitucionales y una audaz reforma del Estado, concede amplias prerrogativas a los cuerpos de seguridad. “Necesitamos un estatuto antiterrorista que facilite la detención, la captura y el allanamiento.”
“¿No será demasiado en un país tan complicado como el suyo?” Dice que no, que Colombia no tiene otra alternativa que la firmeza, y regresa a los ejemplos de España, el Reino Unido y Alemania. “Los resultados no llegarán de la noche a la mañana.”