“No haré lo que hizo Getulio Vargas, ni haré lo que hizo Janio Quadros, ni tampoco lo que hizo Joao Goulart”, dijo Lula (Vargas se suicidó en 1954, Quadros renunció en 1962 y Goulart fue depuesto en 1964 por los militares). “Mi comportamiento será el que tuvo Juscelino Kubitschek: paciencia, paciencia y paciencia, porque la verdad prevalecerá y el pueblo brasileño va a saber lo que está ocurriendo”, agregó. El presidente de Brasil contraatacó a la oposición brasileña, relativizando el alcance y la profundidad de la crisis que azota a su gobierno desde hace meses. Dijo:“Las cosas se ponen mucho más graves cuando se coloca veneno en la crisis, pero es inaceptable que con el pretexto de las elecciones del año próximo se actúe de forma tan irresponsable”. Pero el Congreso y la Justicia no comparten su interpretación, por lo que pidieron ayer levantar el secreto financiero de tres fondos de pensión estatales e investigar los gastos de las tarjetas de crédito del presidente y de su esposa, respectivamente.
En tanto, un ex secretario del ministro de Economía Rogério Buratti volvió a inculpar a su ex jefe Antonio Palocci de recibir sobornos de empresas, aunque esta vez reconoció que no tiene pruebas para confirmarlo, logrando un alza de los mercados. El golpe más fuerte ayer vino de la mano del ex presidente Fernando Henrique Cardoso: “Nos sentimos todos un tanto desilusionados. No es posible que hayan hecho tantas cosas equivocadas y nadie lo haya percibido. ¿Será que el presidente Lula nunca vio nada? Si él no vio nada, ¿cómo es que pudo llegar a ser presidente?”
El Tribunal de Cuentas anunció ayer que hará una auditoría general de las tarjetas de crédito oficiales de todos los poderes del Estado, comenzando por la presidencia de la república. El objetivo es “verificar la regularidad de los gastos”, que con la actual crisis han sido cuestionados. Entre enero y junio de este año, según el tribunal, los gastos de la presidencia con esas tarjetas de crédito sumaron 1,7 millón de dólares. La auditoría alcanzará también a altos funcionarios del palacio gubernamental de Planalto y a la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIM). Al mismo tiempo, la Comisión Parlamentaria Investigadora (CPI), que se ocupa del caso de los Correos, rompió el secreto de las operaciones de tres fondos de pensión estatales, en especial sus inversiones en los bancos Rural y BMG, a través de los cuales el publicista Marcos Valerio de Souza y el ex tesorero petista Delubio Soares manejaban los fondos irregulares del PT. Petros (de la estatal Petrobras), Funcef (de la Caja Económica Federal, un banco estatal) y Geap (de los funcionarios de la administración pública) son los tres fondos que serán investigados. En los tres, el gobierno tuvo un papel fundamental en el nombramiento de sus actuales directores. La sospecha que motivó a la CPI fue que esos fondos pudieran haber invertido recursos considerables en los bancos Rural y BMG. Las ganancias de esas inversiones compensarían a los bancos por los “préstamos” –que alcanzaban unos 22,7 millones de dólares– que abastecieron las cuentas de Valerio para pagar las “mensualidades” a los aliados del gobierno.
Aunque Buratti repitió a grandes rasgos su declaración anterior, ayer pareció bajar el tono cuando él mismo desacreditó sus denuncias. Primero confesó que no tenía pruebas de los supuestos sobornos que Palocci habría recibido mientras era prefecto en Ribeirao Preto. Y luego lo remató al explicar que todo lo que sabía se lo había contado Ralf Barquete, un amigo suyo y también ex colaborador de Palocci, que murió el año pasado. En lo que parece ser la defensa por excelencia de los políticos brasileños –o un intento desesperado al menos–, Buratti relativizó el tema asegurando que sucedía también en otras ciudades. “Lamentablemente son las reglas del juego”, se contentó el hombre que hace sólo unos días hacía temblar los mercados brasileños y que ayer cerraron al alza: 2,58 por ciento la Bolsa de San Pablo y 1,75 la cotización del real.