En Uruguay, la ansiedad por conocer la verdad y los lentos –y por ahora nulos– resultados de las excavaciones realizadas con los datos que dieron las tres armas sobre los crímenes durante la dictadura, ya empezaron a incomodar al gobierno de Tabaré Vázquez. Si no aparecen los restos de los desaparecidos y las Fuerzas Armadas no aportan información nueva que ayude, el gobierno del Frente Amplio podría relevar a la cúpula militar. El senador oficialista Eleuterio Fernández Huidobro aseguró el sábado que si no aparecen “restos o vestigios” que prueban que allí hubo enterramientos, “este gobierno va a ser implacablemente severo”.
Desde la prensa local circularon durante el fin de semana versiones de que el arma que estaría más cerca de la cuerda floja sería el Ejército. Esto se debe, principalmente, a que es la institución militar con más denuncias por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. De hecho, las excavaciones actualmente se realizan en predios del Ejército. Vale recordar que tanto la Fuerza Aérea como el Ejército le deben al gobierno un segundo informe ampliatorio sobre los crímenes cometidos durante la dictadura. La Armada uruguaya ya cumplió con esta entrega, aunque todavía no se conoce el contenido del informe. Se cree que esta vez sí habrían reconocido la existencia de desaparecidos uruguayos que fueron trasladados a la Escuela de Mecánica en Buenos Aires.
Por ahora, las excavaciones, que comenzaron en agosto en predios militares como consecuencia de los datos que oficiales de las tres Armas entregaron al presidente Tabaré, no han encontrado ningún resto ni evidencia de que allí se enterraron los cuerpos de detenidos políticos asesinados durante el gobierno de facto. Según informó ayer el diario uruguayo El País, la posibilidad de que la falta de resultados concretos lleve a un posible relevo militar “cobra fuerza” dentro del Ejecutivo.
Sin embargo, el abogado de la Comisión de Familiares de Asesinados Políticos, Walter de León, aseguró que “cambiando los mandos seguiríamos igual”. En comunicación con Página/12, De León explicó que por el momento su organización y la coordinadora que aglutina a todas las organizaciones de derechos humanos uruguayas están en la etapa de recolectar información, no sólo de las Fuerzas Armadas sino también de las embajadas de otros países y de Interpol. Según afirmó, esta etapa es esencial porque “ayudaría a que la gente creyera” las violaciones de los derechos humanos y los crímenes que sistemáticamente se realizaron durante ocho años en Uruguay.
El viernes pasado la coordinadora organizó una marcha en Montevideo. Las consignas eran básicamente dos: apoyar e impulsar incluso los objetivos que marca el gobierno en materia de derechos humanos y reclamar cambios en el funcionamiento del sistema judicial. La Justicia uruguaya no ha incorporado el derecho internacional y, por lo tanto, no reconoce la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. Esto y los obstáculos que cotidianamente imponen algunos jueces hace que la mayoría de las causas se paralicen en los Tribunales de Apelación.
De León aseguró que “si surge que la información de los comandantes no era verídica, sería algo terrible”. Aunque el abogado insistió con que las organizaciones de derechos humanos no buscan el relevo de la cúpula militar, si, eventualmente, no aparecen los restos de desaparecidos y el Ejecutivo no toma ninguna medida, declaró que “seguramente nos movilizaremos”.