Las versiones de posibles relevos militares en Uruguay cobran cada vez más fuerza. El gobierno de Tabaré Vázquez habría decidido que si para el 31 de octubre no aparecen restos de desaparecidos o evidencias de los entierros clandestinos, se cuestionará la veracidad de la información aportada por las tres armas y se podría relevar a muchos oficiales e, incluso, a la cúpula militar. Según la prensa local, el gobierno estaría siendo presionado por las organizaciones de derechos humanos y una de sus propias facciones, el Movimiento de Participación Popular (MPP). En este contexto, el comandante en jefe del Ejército, Angel Bertolotti, aseguró ayer que él se “siente defraudado” por la falta de resultados en las excavaciones que se realizan en predios militares.
La polémica sobre el contenido del segundo informe de la Armada uruguaya resurgió ayer. El documento había sido entregado la semana pasada por el jefe de la Armada, vicealmirante Tabaré Daners, a la ministra de Defensa, Azucena Berrutti. Según publicó ayer el diario La República, el informe sería finalmente divulgado esta semana. En él se reconocería que existieron contactos con la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) en Argentina durante la dictadura, aunque sólo se habrían limitado a intercambios de información. Esto rechaza las operaciones clandestinas conjuntas de militares argentinos y uruguayos denunciadas por organizaciones de derechos humanos de ambos países. Según este mismo diario, la Armada negaría también que oficiales de esta fuerza hayan estado involucrados en secuestros y torturas a opositores a la dictadura, así como en traslados ilegales. También publicó que Daners dejó al margen de la investigación interna a oficiales de alto rango con presunta actuación en la represión durante el gobierno de facto.
Los posibles relevos militares cada vez ganan más apoyo en el oficialismo. El diputado frenteamplista del MPP y presidente de la comisión de Defensa de la Cámara, Luis Rosadilla, aseguró ayer a la radio El Espectador que “si se comprueba que informes solicitados por sus comandantes fueron falsificados por sus subalternos, esto implica automática y directamente gravísimas sanciones. Eso no está en discusión”.
El ministro de Ganadería, José Mujica, adhirió a esta posición y aseguró que “probablemente” muchos oficiales pasarán a retiro por no haber cumplido con su palabra de aportar información veraz sobre el destino de los desaparecidos.
El abogado asesor de la Comisión de Derechos Humanos de la PIT-CNT (central sindical única), Pablo Chargoñia, en comunicación con esa emisora recordó: “Cuando el comandante en jefe del Ejército acompaña a Macarena Gelman y dice ‘ésta es la tumba de María Claudia García’, el episodio pasa a ser emocionante, muy sensible, a ser hoy una atroz y macabra burla porque, o el comandante en jefe es torpe y le han mentido o es cómplice. Y en cualquiera de los casos estamos en una situación sumamente grave”. Bertolotti salió ayer al cruce de los rumores de un posible relevo y aseguró que “no piensa renunciar” y que espera resultados positivos en las excavaciones en los Batallones 13 y 14 del Ejército.
A pesar que el gobierno ha estado recibiendo críticas por la escasa difusión de los informes militares y por su tolerancia ante la falta de resultados concretos, un 58 por ciento de los uruguayos siguen aprobando su gestión en materia de derechos humanos, según una encuesta realizada por Interconsult y difundida ayer por el diario Ultimas Noticias.