Prácticamente todos los diarios peruanos destacaron ayer en sus portadas la decisión de la Justicia argentina de conceder la extradición de los empresarios televisivos peruanos José Enrique y José Francisco Crousillat, padre e hijo respectivamente, acusados en el Perú de recibir sobornos por unos 14 millones de dólares del gobierno del prófugo ex presidente Alberto Fujimori (1990–2000) para poner la línea editorial del canal de televisión del cual eran propietarios al servicio del régimen fujimorista y de su re-reelección el año 2000. Ambos podrían ser sentenciados a ocho años de prisión por los delitos de asociación para delinquir, peculado y corrupción de funcionarios.
La decisión, en primera instancia, de conceder la extradición fue tomada por el juez argentino Conrado Bergesio, titular del Segundo Juzgado Criminal de San Isidro. El procurador anticorrupción, Antonio Maldonado, y el ministro de Justicia, Alejandro Tudela, salieron rápidamente a dar la cara a la prensa para celebrar la decisión de la Justicia argentina. “Esta decisión enaltece a la Justicia argentina y nos gratifica y reanima para seguir combatiendo la corrupción. Esta es una advertencia para los extraditables de que la Justicia los alcanzará”, señaló Maldonado. Sin embargo, en Lima, Jorge Castro, abogado de los empresarios, adelantó la intención de sus clientes de apelar la decisión de extraditarlos ante la Corte Suprema, lo que dilataría un tiempo más este largo proceso de extradición que ya lleva cuatro años. “Esto no ha acabado, nosotros vamos a luchar contra la extradición hasta el final”, señaló Castro, desafiante.
Los Crousillat han intentado evitar su extradición declarándose “perseguidos políticos”, argumento considerado “sin ningún fundamento” y hasta “risible” en el Perú. El estudio de abogados Wortman-Garrido ha sido el encargado de defender al Estado peruano durante este largo proceso de extradición. Luego de conocida la decisión del juez Bergesio, el abogado Hugo Wortman calificó la decisión como “trascendental”. Wortman no quiso especular sobre el tiempo que podría demorar la decisión definitiva de la Corte Suprema.