Por Elizabeth Nash *
Desde Melilla

Pocas horas después de que España anunciara que los inmigrantes provenientes del Africa Subsahariana que atravesaron la frontera hacia los enclaves españoles en Marruecos serían deportados en forma inmediata, ayer se produjo un nuevo asalto nocturno de africanos amontonados en la frontera de Marruecos con Melilla, desesperados por poner pie en Europa. En la sexta avalancha humana en una semana, un millar de inmigrantes asaltaron las vallas paralelas de alambre de púas en varios puntos ayer temprano, pero fueron repelidos por un masivo operativo de seguridad montado desde ambos lados de la frontera.
La policía marroquí detuvo a 265 personas y hubo seis muertos del lado marroquí, además de 30 heridos que recibieron hospitalización en el pueblo fronterizo de Nador. Cientos de jóvenes determinados se han volcado a Melilla en días recientes, saltando las alambradas de púas de seis metros con escaleras fabricadas con ramas cortadas de los bosques de pinos donde habían estado viviendo duramente, a la espera de una oportunidad. Jeeps militares españoles y marroquíes patrullaban la barrera de 6 kilómetros de largo de Melilla por la noche, con sus luces escudriñando el agreste terreno africano, mientras helicópteros vigilaban desde el cielo con cámaras detectoras de calor y con reflectores.
Quienes escalaron la primera valla fueron expulsados del suelo español por guardias de seguridad antes de que pudieran llegar a la segunda. Solamente uno logró traspasar el alambre y fue trasladado a un hospital en Melilla con serias laceraciones a raíz de las espirales cortantes que cubren la valla exterior.
La viceprimera ministra española, María Teresa Fernández de la Vega, dijo ayer durante su corta visita a Melilla y Ceuta: “Bajo medidas excepcionales, en horas próximas, probablemente hoy o mañana, inmigrantes ilegales serán devueltos a Marruecos... Los ciudadanos de Ceuta y Melilla, y de España en general, deben estar seguros de que este gobierno garantiza la seguridad de nuestras fronteras”. Pero la orden de expulsión fue recibida con indignación por organizaciones de derechos humanos y grupos de asistencia a refugiados, quienes se reunieron con Fernández de la Vega ayer en Melilla. “Desacordamos completamente con las expulsiones masivas. Significan una sentencia de muerte”, dijo luego de la reunión José Alonso, secretario de la Asociación de Derechos Humanos de Melilla.
Noticias de deportaciones inminentes se expandieron rápidamente entre más de 1500 personas abarrotadas en el improvisado campamento de inmigrantes de Melilla, en las afueras de esta elegante ciudad de fines del siglo XIX. Un campo de carpas de campaña aloja a aquellos para los que no hay lugar adentro. La euforia de los que habían finalmente llegado a Europa luego de vagar a lo largo de Africa por meses o años se convirtió ayer en miedo, ante la perspectiva de ser expulsados. “Son noticias terribles. Tenemos mucho miedo de que nos envíen de vuelta”, dijo Augustin, de 20 años, un granjero de Mali, cuya odisea a Melilla le llevó dos años. “Sufrí tanto para llegar aquí, prefiero la muerte a la expulsión”, añadió, y señaló que su dura experiencia de vida en los bosques marroquíes, rescatando comida de los tachos de basura, fue “peor que la esclavitud”.
Fernández de la Vega describió las medidas represivas de España como la reactivación de un acuerdo de 1992 con Rabat, que nunca fue implementado, por el cual Marruecos acordó readmitir refugiados africanos que habían transitado con destino a España. Hasta ahora, España había permitido quedarse a los inmigrantes sin pasaporte, o de países con los que Madrid no tiene acuerdo de repatriación. Marruecos se ha quejado desde hace tiempo de contar con insuficientes recursos. La Unión Europea finalmentedesembolsó esta semana un pago de 40 millones de euros prometidos hace mucho para ayudar a Marruecos a combatir la inmigración ilegal, una entrega que parece claramente condicionada a que Marruecos coopere más activamente. Rabat, mientras tanto, quiere un “Plan Marshall” de la Unión Europea para el Africa Subsahariana a fin de combatir la pobreza y la desesperación que conduce a miles hacia el norte en busca de una vida mejor.
El ministro del Interior español, José Antonio Alonso, dijo ayer que el primer grupo de 70 inmigrantes ilegales serían expulsados de España inmediatamente, y otros los seguirían pronto. España planea construir más refuerzos en la frontera de sus dos antiguos territorios de Africa del Norte, reemplazando las temibles –pero ahora ineficaces– vallas de alambre de púas con una barrera de alta tecnología tridimensional, equipada con sistemas de alerta temprana. Pero los políticos reconocen que no hay barrera que pueda contener la corriente.

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12. Traducción: Virginia Scardamaglia.