Esta semana el gobierno tiene dos desafíos: dar certidumbre a las elecciones del 4 de diciembre y resolver la crítica escasez de gas. Al empantanamiento de las elecciones del 4 de diciembre –producto de la crisis desatada en el Congreso por la redistribución regional de escaños– se suma ahora un problema más cotidiano pero no menos áspero para el gobierno de transición presidido por el jurista Eduardo Rodríguez Veltzé: la escasez de garrafas, que ya provocó las primeras protestas.
Durante el fin de semana, en medio de un intenso frío y fuertes lluvias, decenas de calles de La Paz y El Alto –las ciudades más afectadas por la escasez– fueron bloqueadas por amas de casa provistas de garrafas vacías, ante la imposibilidad de reemplazarlas por una llena, en el marco de un creciente malestar social. La escasez de gas licuado de petróleo (GLP) comenzó hace dos semanas, pero se agravó en los últimos días, y las explicaciones son múltiples: contrabando hacia Perú –debido a que una garrafa en Bolivia, subsidiada por el Estado, vale menos de la tercera parte que en el vecino país–, la utilización de garrafas como combustible para autos –principalmente en el transporte público, pese a su prohibición–, la especulación y, según algunos analistas, el sabotaje de las petroleras, disgustadas por la nueva ley de hidrocarburos que aumenta la carga impositiva y recupera el control estatal del negocio.
Dos decretos de emergencia del gobierno –mediante los cuales penalizó el uso vehicular del GLP y la venta en tiendas del energético, e instruyó a las petroleras para que trabajen a su máxima capacidad– no lograron, hasta el momento, los resultados esperados. Incluso podrían agravar los conflictos: los choferes afectados conformaron “comités de autodefensa” para evitar, armados con palos, que la policía decomise y destruya los kit ilegales que les posibilitan circular con garrafas de GLP, y amenazaron con iniciar bloqueos de calles y avenidas desde la semana próxima.
Entretanto, el Parlamento tiene el reto de encontrar una salida a la distribución regional de escaños que permita inyectar algo de certidumbre sobre el proceso electoral de diciembre. Pero hasta el momento, cada uno de los departamentos parece atrincherado en sus posiciones, tanto Santa Cruz –que en la nueva distribución por el fallo constitucional gana cuatro diputados más– como Potosí –que pierde– consideran cada escaño una pieza clave en el tablero de “guerra fría” entre regiones que vive el país.