El Parlamento británico asestó un duro revés al primer ministro Tony Blair al rechazar por cómoda mayoría una cláusula clave de su legislación antiterrorista. En la primera derrota que sufre Blair en la Cámara de los Comunes desde su elección en 1997, una alianza de diputados laboristas rebeldes y opositores votó en contra de la cláusula que proponía extender a 90 días el plazo de detención sin cargos de sospechosos de terrorismo. Una segunda votación autorizó al gobierno a ampliar el plazo de 14 a 28 días, medida que organizaciones de derechos humanos y organizaciones musulmanes califican de excesiva e innecesaria. Esta segunda votación sirve para rescatar la polémica legislación antiterrorista del gobierno, pero no basta para eliminar los interrogantes que se abren sobre el futuro político del premier.
A la sombra de los atentados del 7 y 21 de julio pasados, Blair apretó el acelerador y apostó una considerable parte de su capital político a una durísima ley antiterrorista. Las dos cláusulas más polémicas eran la penalización de una vaga “glorificación del terrorismo” y la extensión del período de detención sin cargo de sospechosos. Muchos laboristas se oponían a ambas medidas por considerar que violaban los derechos más elementales, ponían en peligro la libertad de expresión y se prestaban a todo tipo de excesos. A pesar de que cuenta con una mayoría parlamentaria de 66 diputados, la semana pasada el gobierno consiguió que la cámara aprobara la primera de estas cláusulas por un solo voto. Ayer el golpe fue mucho más contundente. Luego de la votación, el líder de la oposición, el conservador Michael Howard exigió la renuncia del premier. Blair respondió que jamás se le había cruzado por la cabeza dimitir. “Esta votación no afecta mi autoridad. Por supuesto que hubiera preferido ganar, pero a veces es mejor perder por una buena causa, que ganar a cualquier precio”, dijo el primer ministro a la BBC.
Blair no escatimó recursos para conseguir una victoria. En una medida sin precedentes, esta semana la policía salió institucionalmente a respaldar el proyecto de ley del gobierno. El jefe de la Unidad Antiterrorista, Andy Hyman, la máxima autoridad policial, sir Ian Blair (sin parentesco con el primer ministro) y la jefa del MI5, los servicios secretos de seguridad interior, Elisa Manningham-Buller, justificaron públicamente la ampliación del período de detención por la amenaza terrorista sin precedentes que vivía el Reino Unido. El lunes por la noche el primer ministro sostuvo una reunión con sus más de 300 diputados para convencerlos de la necesidad de apoyar al gobierno en la actual coyuntura. En un intento de allanar sus temores, el gobierno introdujo enmiendas a la cláusula de los 90 días. En un correo electrónico a todos los parlamentarios el martes, el ministro del Interior, Charles Clarke, les recordó que un juez de la Alta Corte estaría a cargo de autorizar semanalmente la extensión del arresto y que los mismos parlamentarios podrían derogar la medida en un año si consideraban que no había tenido los resultados deseados.
La presión del gobierno tuvo momentos farsescos. El ministro de Economía, Gordon Brown, llegó el martes a Israel a la cabeza de una misión de los G7 y la Unión Europea e inmediatamente tomó el avión de vuelta cuando comprendió que su voto podía ser decisivo. El canciller Jack Straw regresó apresuradamente de su visita oficial a Moscú por el mismo motivo. En la Cámara, cuatro horas antes de la votación, el primer ministro reveló que desde los hechos terroristas de julio la policía había evitado otros dos atentados. Toda la presión política sirvió de poco, pero la derrota del primer ministro no significa el fin de la ley antiterrorista. La medida deberá ser analizada en la Cámara de los Lores, que podría introducir nuevas enmiendas y modificaciones, pero que, eliminados los 90 draconianos días de detención sin cargos, puede darle su visto bueno.