La popularidad de George W. Bush sigue en picada. Según una nueva encuesta, publicada ayer por la revista Newsweek, solamente un 36 por ciento de los estadounidenses estaría satisfecho con la gestión del actual presidente. La creciente desilusión del electorado norteamericano tiene tres grandes causas: Katrina, el caso Plame y la situación en Irak. Los demócratas, por ejemplo, utilizaron la controversia por la divulgación del nombre de una agente de la CIA y esposa de un diplomático opositor a la guerra de Irak para reavivar el debate público sobre las causas de la invasión en el 2003.
En medio de este contexto, el consejero de Seguridad Nacional, Stephen Hadley, confesó ayer que la Casa Blanca se equivocó al evaluar la información sobre las supuesta existencia de armas de destrucción masiva en Irak. Sin embargo, sigue sosteniendo que las versiones de que el presidente manipuló información “son incorrectas”. Mientras tanto, el gobierno de Bush debe hacer frente a otro gran cuestionamiento con respecto a Irak: las supuestas torturas a prisioneros. Al tiempo que la bancada demócrata –junto con algunos republicanos– presionan en el Congreso para aprobar la prohibición del uso de la tortura para los interrogatorios, la revista Time publicó evidencias de cómo un prisionero de la cárcel Abu Ghraib murió después de 90 minutos de torturas y cómo la CIA lo ocultó. Actualmente, Bush intenta que los agentes de la CIA queden eximidos de la prohibición que propugna el Congreso. Recuérdese que Abu Ghraib fue epicentro de los abusos infligidos a prisioneros iraquíes.
Según la autopsia del Departamento de Defensa estadounidense, la muerte del prisionero no registrado Manadel Al Jamadi fue declarada como homicidio. Para Time, el cuerpo fue conservado en hielo para impedir su descomposición, aparentemente para disimular las circunstancias de la muerte. La semana pasada, la revista New Yorker reveló que la política de interrogatorio para sospechosos de terrorismo de la Casa Blanca ampara a los agentes de la CIA que cometieran abusos o incluso mataran a detenidos de eventuales procesamientos o investigaciones. La revista también afirmó que la CIA había estado implicada en la muerte de al menos cuatro detenidos.
La semana pasada, desde Panamá, Bush no dudó en afirmar públicamente que su país no tortura a detenidos. Pero, los pedidos de interpelación desde el Congreso y las incesantes denuncias desde la prensa estadounidense parecen explicar por qué sólo el 42 por ciento de los norteamericanos cree que Bush es honesto en su accionar político.