Mañana, 20 de noviembre, se cumplen 60 años del comienzo del primer juicio de Nuremberg contra los jerarcas nazis por crímenes contra la humanidad. Los procesos de Nuremberg certificaron el nacimiento del derecho internacional. Tanto sus avances en la pasada década, con el protagonismo de la Justicia de España y del Reino Unido en el caso Pinochet, como su esencia (las convenciones de Ginebra y el convenio de la ONU contra la tortura, entre otras) están amenazados por la guerra contra el terror que promueve la administración Bush.
Es la mañana del 20 de noviembre de 1945 en Nuremberg. Acaban de dar las diez de la mañana. La sala de juicio se estremece. Veintiún acusados hacen su entrada. El ex mariscal Hermann Goering, enfundado en el uniforme degradado de la Luftwaffe, la fuerza aérea del Reich, exhibe unos papeles. Quiere hacer una declaración. El tribunal rechaza la petición. La palabra la tiene Robert Jackson, el juez norteamericano que actúa como fiscal jefe de la acusación. Jackson, que ha llegado a la ciudad alemana hace días desde Washington, hablará durante toda la jornada. Su mensaje esencial es: “No debemos olvidar que la vara con que juzgamos hoy a estos acusados es la vara con la que la historia nos juzgará mañana. Pasar a estos acusados un cáliz envenenado es poner este cáliz en nuestros propios labios. Debemos observar en nuestra conducta tal imparcialidad e integridad que la posteridad pueda elogiar este juicio por haber colmado las aspiraciones de la humanidad de que se imparta justicia”.
Pasaron 60 años. El abogado Reed Brody, de la organización Human Rights Watch, se encuentra en Dakar, Senegal. Esta misma semana colaboró en la detención del ex dictador de Chad entre 1982 y 1990, Hissène Habré, a raíz de una orden internacional de detención de la Justicia de Bélgica para su extradición a dicho país. “Habré esquivó a la Justicia durante 15 años. Vi cómo lo traían detenido este martes hasta el juzgado. Parece, y digo parece, porque uno nunca está seguro en estas cuestiones de la jurisdicción universal, que la Justicia finalmente le cayó encima”, explicó Brody en una entrevista telefónica desde Dakar. “Hemos logrado que el tribunal aplace la decisión sobre la extradición hasta el próximo 22. Ya es algo”, añadió.
El profesor de derecho internacional de la Universidad Libre de Bruselas, Eric David, se preguntaba a mediados de los años ’80 si Nuremberg “es una espada de Damocles suspendida sobre la cabeza de cada dictador y cada torturador o bien es un producto congelado enterrado en el refrigerador del aparato legislativo de los estados”. Su respuesta: “El derecho de Nuremberg es un poco las dos cosas”. Según David era un “derecho dormido”. O “derecho fantasma”.
Ese fantasma es el que recorrió Europa y Africa y cobró forma en los tribunales de los años ’90 para Ruanda y la ex Yugoslavia. Un proceso que se remataría con la creación, en 1998, de la Corte Penal Internacional, cuya inexistencia mantuvo la Convención contra el Genocidio de Naciones Unidas convertido en papel mojado durante largos años.
En el medio de este proceso, en 1996, un viento fuerte, inesperado, comienza a soplar desde el sur de Europa. La Justicia española, liderada por el juez Baltasar Garzón, empezó a investigar los crímenes de la dictadura de Jorge Rafael Videla en la Argentina y de Augusto Pinochet en Chile. “La doctrina de Nuremberg inspiró nuestra experiencia en el caso Pinochet”, recuerda el abogado valenciano Joan Garcés, quien presentó la querella contra el ex dictador chileno en julio de 1996. “El conflicto entre impulsos criminales y humanistas continuará siendo permanente. Estamos viendo todos los días ejemplos de esa lacra. La doctrina de Nuremberg sigue siendo uno de los instrumentos racionales para enfrentarlas.” La fecha clave es el 16 de octubre de 1998, el día en el que el juez Garzón cursa a Londres la orden internacional de arresto de Pinochet. El 24 de marzo de 1999, la Cámara de los Lores, para determinar si el ex dictador podía ser sometido a un juicio de extradición en el Reino Unido, votaba una sentencia capital: ni Pinochet ni ningún ex jefe de Estado podrá invocar su inmunidad ante el delito de tortura. Esa sentencia está pesando ahora en EE.UU. Scott Horton, presidente de la comisión de derecho internacional de la Asociación Americana de Abogados, cree que es así. “El cáliz envenenado del juez Jackson parece estar ante los labios de la administración Bush, que ha retirado al país de su respeto tradicional al derecho internacional e incumple sus compromisos con las convenciones de Ginebra y la convención contra la tortura. Es el fantasma de Nuremberg. ¿Por qué razón el presidente Bush y el vicepresidente Cheney amenazan con vetar la enmienda de John McCain en el Senado que prohíbe la tortura? Quieren garantizarse la inmunidad ante una futura persecución penal”, explicó Horton.
Mientras, Brody reflexiona desde Senegal. “Soy un norteamericano que va por el mundo intentando que tiranos y torturadores comparezcan ante la Justicia. Hoy la parte más dura de mi trabajo es ser norteamericano. ¿Por qué? Porque a los ojos de los demás represento la doble vara de medir y al imperialismo judicial.”
Carlos Castresana, el fiscal que presentó la primera denuncia sobre los crímenes de la dictadura argentina y, más tarde, contra los cometidos por la chilena, advierte, desde California, donde reside, los peligros del huracán Bush contra el derecho internacional. “La doctrina de Nuremberg tiene después de los atentados a las Torres Gemelas, en el contexto de la llamada guerra contra el terror, mayor vigencia que nunca: los crímenes internacionales son tales, aunque la ley interna autorice abusos como los que tienen lugar en Guantánamo, Chechenia o Abu Ghraib.” ¿Y los asesores de Bush y Cheney, que diseñaron la tortura bajo la guerra contra el terror? Philippe Sands, abogado británico, dice que “la Convención contra la Tortura también criminaliza a aquellas personas que son cómplices. EE.UU., por otra parte, condenó a Josef Altstotter y otros abogados que colaboraron en las leyes nazis y los decretos de Hitler por su participación en un sistema organizado de crueldad. La sentencia del tribunal dice que la daga del asesino estaba oculta bajo la toga de los juristas”.

* Exclusivo de El País Semanal de Madrid para Página/12.