La versión boliviana de la “crisis de los misiles” se transformó en una bola de nieve que amenaza con hacer rodar la cabeza del ministro de Defensa, Gonzalo Méndez, e incluso la del jefe del ejército, Marcelo Antezana. En coincidencia con el inicio de un juicio de responsabilidades contra el presidente Eduardo Rodríguez Veltzé, por parte del Movimiento al Socialismo (MAS), voceros del Ejecutivo movieron aún más el avispero al señalar que el presidente “sólo autorizó la desactivación de los misiles” por estar obsoletos, pero no indicó si ésta debía realizarse dentro o fuera de Bolivia. Por otra parte, el MAS criticó ayer con dureza a Rodríguez por pedir al Ministerio Público que investigue la supuesta existencia de planes de golpe de Estado en el seno de este grupo, a petición de Poder Democrático y Social, la agrupación del candidato de derecha, Jorge “Tuto” Quiroga.
El affaire se suscitó en octubre, luego de que el diputado y candidato presidencial MAS, Evo Morales, denunciara la entrega de 28 misiles chinos tierra-aire HN-5 (todos los que poseía Bolivia) a Estados Unidos, pero subió de tono después de que los diputados censuraran, la anterior semana, al titular de la cartera de Defensa. Y terminó de ser alimentado por la infinidad de contradicciones oficiales. Pudo confirmarse que las armas antiaéreas fueron entregadas en secreto a EE.UU. bajo el argumento de que era “material obsoleto”. Cuando este argumento comenzaba a caerse (porque los misiles datan de los años ‘90), la nueva historia oficial, repetida ante los congresistas, fue que estaban “en mal estado” producto de la falta de cuidado al que fueron sometidos, lo que dejó casi en ridículo a los uniformados. Pero lo cierto es que, como señala la propia página web del Departamento de Estado, Estados Unidos está “facilitando” la destrucción de este armamento –misiles portátiles utilizados por la resistencia en Irak y Afganistán– en los denominados “Estados fallidos”, para evitar que caigan en manos de organizaciones paraestatales.
“Hay especulaciones de que, en este caso, pudieran caer en manos de células terroristas en la Triple Frontera, y los robos de armas de los cuarteles bolivianos ocurridos en los últimos años alimentan las susceptibilidades de EE.UU”, le dijo a Página/12 una fuente que se mantuvo en reserva. El propio canciller de Carlos Mesa, Juan Ignacio Siles, confirmó que el país del Norte ya había solicitado, bajo su gestión, el material antiaéreo, a lo que Mesa no accedió.
Con la “papa caliente” entre las manos, comenzó la operación gubernamental destinada a que, al menos el presidente, “zafe” del “misilgate”, una mancha en una gestión de transición corrientemente calificada como “prolija” que termina el 23 de enero.
“El presidente recibió una información que aparentemente no habría sido completa”, trató de convencer el delegado presidencial de asuntos políticos, Jorge Lazarte, pateando la pelota a las FF.AA, que son quienes debían informar sobre la operación. La respuesta no se hizo esperar: “Todo este tema fue manejado a través del Ministerio de Defensa”, devolvió el comandante de las FF.AA., Marco Antonio Justiniano. Y a buen entendedor pocas palabras: el titular de Defensa, ratificado por Rodríguez en su cargo luego de la censura congresal, depende directamente del Ejecutivo, con lo cual, el jefe de Estado debía conocer la operación. Pero este viernes llegó una “ayudita” extra de Antezana, quien declaró a la prensa: “Asumo la responsabilidad como comandante general del ejército... todo lo que hicimos fue legal...”. Y prometió mostrar los misiles.