A finales de noviembre, una lancha con escolares que atravesaba el lago Maihue, a unos 900 kilómetros al sur de Santiago, se hundió con un saldo de siete muertos y 11 desaparecidos. Los menores, la mayoría de origen indígena, debían recorrer una gran distancia hasta la escuela más próxima. En la provincia de Ñuble, decenas de niños utilizan un canasto suspendido de una cuerda sobre un río para poder acudir al colegio. Y en todo el país se repiten escenas similares. Sin embargo, Chile es un país donde en los últimos meses se han inaugurado modernas autopistas, líneas de metro y está situado, según las cifras macroeconómicas, como el país más desarrollado de Sudamérica. No es una casualidad que la desigualdad social sea uno de los temas candentes que la campaña electoral para las presidenciales de próximo domingo.
“La desigualdad tiene causas históricas y políticas”, destaca Mario Garcés, director de ECO, una organización que desde 1980 trabaja con las clases más desfavorecidas, sobre todo en el campo de la educación. “La economía chilena se transformó en la época de Pinochet, que desmontó la presencia del Estado y, si bien ahora el Estado está incrementado el gasto social, lo hace desde una posición muy disminuida.” Los datos avalan esta brecha. Mientras que en los países occidentales desarrollados la diferencia entre el salario más alto y el más bajo puede llegar a 20 veces, en Chile llega a 100. “En los años ’80 hubo un deterioro enorme de la distribución de la riqueza y ahora tenemos una brecha entre ricos y pobres que dobla la existente, por ejemplo, en Europa occidental”, corrobora Ricardo Ffrench-Davis, asesor regional de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe –CEPAL–.
Los sucesivos gobiernos de la Concertación –la alianza entre socialistas y democristianos en el poder desde el fin de la dictadura militar en 1990– han fomentado el gasto a favor de las clases pobres, pero no han logrado reducir la diferencia, que se destaca especialmente en la periferia de las grandes ciudades, en las localidades rurales de difícil acceso y, especialmente, entre las comunidades indígenas chilenas. “La Concertación abandonó la idea de introducir reformas más fuertes en el modelo de desarrollo. Con el cobre al precio más alto que nunca, el Estado podría generosamente incrementar algunos gastos”, asegura Garcés.
Durante la presidencia del socialista Ricardo Lagos se ha puesto en marcha un programa de choque denominado Chile Solidario para atender a 225.000 familias que viven en extrema pobreza y la administración chilena se ha volcado en la construcción de nuevas infraestructuras. Se destaca en particular la inauguración de una nueva línea de metro en Santiago, que conecta el centro de la capital chilena con barrios humildes y que permitirá un rápido transporte para unos 100.000 santiaguinos. También se han construido viviendas populares en un intento de terminar con las llamadas “poblaciones”, es decir, las agrupaciones de infraviviendas situadas en la periferia de las grandes ciudades. “Sí, se han construido casas, pero tienen 35 o 40 metros cuadrados”, subraya Mario Garcés.
La mala distribución de la riqueza es uno de los ejes en torno a los que giran los discursos de los candidatos. La favorita, Michelle Bachelet, de la Concertación, insiste en la necesidad de mejorar las prestaciones en educación, sanidad y vivienda. El conservador Sebastián Piñera, de Renovación Nacional, aboga por la descentralización de los programas sociales y que los municipios tengan más protagonismo en ellos. Por su parte, el izquierdista Tomás Hirsch, de Juntos Podemos Más, se muestra partidario de un cambio de sistema y denuncia que el actual es fruto de la política neoliberal instaurada por la dictadura. Algunas propuestas llaman la atención: así el derechista Joaquín Lavin –Unión Demócrata Independiente–, populista pero bien colocado en las encuestas, emite anuncios en televisión en los que aparecen personas con la dentadura en mal estado que denuncian que no pueden arreglársela por falta de recursos, entonces aparece Lavin prometiendo dedicar a estas personas recursos de la industria del cobre. En educación los datos no son mejores. Las cifras oficiales han revelado que, por primera vez en la historia del país, la inscripción de alumnos en los colegios públicos municipales ha descendido por debajo del 50 por ciento y las previsiones apuntan a que para 2010 será de apenas el 36 por ciento. El éxodo de alumnos se dirige sobre todo a la enseñanza privada subvencionada. “Más del 50 por ciento de los chilenos se sienten de clase media, pero hay que apoyar la generación de riqueza. Entre el 70 y el 80 por ciento de los trabajadores están empleados en pequeñas y medianas empresas y es a éstas a las que hay que apoyar”, indica Ffrench-Davis, para quien el Chile de hoy se encuentra “entre el neoliberalismo y el crecimiento con equidad”.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.