Ayer fue un martes 13 para el líder sindicalista de oposición Carlos Ortega, quien fue condenado a 15 años, 11 meses y cinco días de cárcel por “rebelión civil e instigación para delinquir”, por su participación en el paro laboral y petrolero de 63 días que se realizó desde diciembre de 2002 hasta febrero de 2003 en Venezuela. El presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), de 58 años, también fue condenado por “uso de documento público falso”, por la identificación falsa que portaba al ser detenido en un casino de Caracas el 28 de febrero de este año, tras perder el asilo otorgado por Costa Rica. Al momento de su detención, Ortega presentaba un aspecto diferente, ya que se había teñido el pelo de negro y usaba bigote. Además, le habían operado la verruga que tenía cerca del labio superior.
Los cargos de rebelión e instigación a delinquir están vinculados con la paralización de la industria petrolera nacional entre diciembre de 2002 y febrero de 2003, con la cual las organizaciones sindicales, patronales y partidos políticos de oposición intentaron infructuosamente conseguir la renuncia o el derrocamiento del presidente del país, Hugo Chávez. Ese paro ocasionó pérdidas que la petrolera estatal Petróleos de Venezuela SA (Pdvsa) calculó en más de 13.000 millones de dólares y puso al país al borde del colapso económico. La Fiscalía presentó cargos contra Ortega -que fue cabeza visible del paro junto al entonces presidente de la cúpula empresarial Fedecámaras, Carlos Fernández–, inmediatamente después de finalizada la medida de fuerza, pero el líder opositor evadió la Justicia al fugarse a Costa Rica, donde obtuvo asilo en marzo de 2003. Sin embargo, la permanencia del sindicalista en el país fue problemática, por sus continuas declaraciones en contra del gobierno de Chávez.
El Circuito Judicial Penal del Area Metropolitana de Caracas, a cargo de la jueza Milagros Morales, aclaró que la sentencia es de primera instancia, por lo que podrá ser apelada por la defensa de Ortega en los próximos cinco días. El dirigente sindical, recluido en la cárcel militar de Ramo Verde, en Los Teques, 20 kilómetros al sur de Caracas, confirmó que apelará el fallo y repitió que “es un problema de carácter político (...) al que había que darle un tratamiento político”. “No soy conspirador, no soy golpista, no soy corrupto, no he traicionado a mi clase, a los trabajadores, he sido un luchador social, he trabajado a favor de los petroleros y de quienes creen en la democracia y en la unidad del pueblo venezolano que tanto necesitamos en este momento”, dijo Ortega tras el fallo, en declaraciones telefónicas a la emisora privada Globovisión.