El Partido Comunista del Uruguay (PCU) informó ayer de 35 tumbas clandestinas (NN) en el pequeño cementerio de la localidad de Vichadero, en el departamento de Rivera, al norte del país. Estas informaciones se suman al hallazgo en las últimas semanas de restos de dos desaparecidos en una chacra cercana a la localidad de Pando (30 km al norte de Montevideo) y en un cuartel del Ejército en las afueras de la capital. Mientras, el gobierno resiste presiones para anular la Ley de Caducidad, que impidió juzgar a los violadores de los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985).
El senador comunista Eduardo Lorier sostuvo que las “tumbas datan de la época de la dictadura” y los cuerpos allí inhumados fueron trasladados desde Montevideo por camionetas del Ejército, según una fuente del cementerio. Lorier consideró que “hay elementos” que indican que esas tumbas podrían estar relacionadas “con los vuelos de la muerte”. En agosto pasado, un informe presentado por la Fuerza Aérea al gobierno de Tabaré Vázquez reveló la existencia de un segundo vuelo clandestino –se sabía sólo de uno– que trajo detenidos desde Buenos Aires y cuyo paradero se desconoce. El senador afirmó que las informaciones de las tumbas no identificadas surgen de una investigación de parte de la secretaria de Derechos Humanos del PCU, Lille Carusso, con la ayuda de profesionales de la Facultad de Ciencias, y que los datos recabados fueron entregados pocos días atrás a la Justicia y a la Presidencia de la República “para garantizar el debido proceso”, dijo Lorier.
La existencia de las tumbas NN se presentó en el marco de la pesquisa realizada por la fiscal Mirtha Guianze en el caso del desaparecido Washington Barrios, a cargo del juez penal Luis Charles. Charles entendió que el asunto no tenía relación con la investigación referida a Barrios, un militante tupamaro y del argentino Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), detenido por la Policía Federal argentina en septiembre de 1974 en Córdoba y desaparecido desde febrero de 1975. Por ello dispuso el desglose de las actuaciones y su remisión al juzgado penal de Rivera, a cargo de Federico Alvarez Petraglia.