Los escándalos que involucran a la Casa Blanca siguen aflorando. El diario The New York Times denunció ayer que el presidente George Bush autorizó en 2002 a la Agencia Nacional de Seguridad a espiar a miles de ciudadanos y extranjeros residentes sin orden judicial. La secretaria de Estado Condoleezza Rice negó que Bush hubiera ordenado el espionaje. Al mismo tiempo, el Senado rechazó ayer renovar la ley antiterrorista de 2001, conocida como Ley Patriota, en un claro revés para la Casa Blanca. Y un vocero militar en Bagdad confirmó que las fuerzas de seguridad iraquíes detuvieron hace más de un año a Abu Musab Al Zarqawi sin saber que se trataba del jefe de la célula iraquí de Al Qaida y lo dejaron en libertad.
La Agencia de Seguridad tiene como misión espiar las comunicaciones extranjeras. La acción denunciada habría tenido como objetivo obstaculizar complots terroristas luego de los ataques de Al Qaida del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Bajo una orden presidencial firmada en 2002 –según dijeron funcionarios no identificados–, la NSA monitoreó llamadas telefónicas internas y mensajes de correo electrónico internacionales de miles de personas dentro de Estados Unidos sin orden judicial, en un esfuerzo por detectar “números sucios” vinculados a Al Qaida. Algunos funcionarios familiarizados con la marcha de esta operación se cuestionan si estas investigaciones no cruzaron los límites constitucionales de las vigilancias legales.
El informe del New York Times aparece cuando el gobierno está a la defensiva por las revelaciones sobre cárceles secretas de la CIA en Europa y el empleo de la torturas en los interrogatorios a sospechosos de actividades terroristas. No obstante, la secretaria de Estado Condoleezza Rice se negó a discutir los informes que sugieren que la autorización de Bush fue ilegal. Rice defendió a su presidente diciendo que éste había sido muy claro “en que no ordenaría hacer cosas ilegales”. Asimismo, la Casa Blanca no desmintió las informaciones acerca de las escuchas. Su portavoz, Scott McClellan, se amparó en el secreto de Estado para negarse a hacer comentarios.
El mismo día, la prórroga de la antiterrorista Ley Patriota, que vence el 31 de diciembre de este año, fue bloqueada en el Senado por una maniobra apoyada por varios miembros de la mayoría republicana. El oficialismo no logró reunir los 60 votos necesarios: sólo 52 senadores (contra 47) se pronunciaron por evaluar un texto criticado por los defensores de las libertades individuales. Sin embargo, el Senado podría votar la posición intermedia de prorrogar por tres meses la vigencia del Patriot Act, promulgado al día siguiente de los atentados del 11 de septiembre de 2001, y que aumenta las potestades normales de las fuerzas de seguridad.
En Irak continuaron las elecciones legislativas, que fueron saludadas hasta por los tres vecinos de Irak: Irán, Turquía y Jordania. La Casa Blanca destacó que se trató de “un hecho histórico para el pueblo iraquí, para Medio Oriente y el mundo”. El general George Casey, al mando de la coalición en Irak, anunció que Estados Unidos reducirá en 20.000 el número de soldados desplegados en ese país, que volverá a su nivel inicial de 138.000. Pero la información más enigmática fue la que proporcionó un responsable militar en Bagdad, que confirmó que las fuerzas de seguridad iraquíes detuvieron hace más de un año a Abu Musab Al Zarqawi sin saber que era el jefe de Al Qaida en Irak y lo dejaron en libertad. El general Hussein Kamel, viceministro de Interior para temas de Inteligencia militar, confirmó la primicia de CNN y dijo que los policías que lo detuvieron en Faluya no lo identificaron y lo soltaron.