El ex dictador chileno Augusto Pinochet tuvo que “sonreír para la foto”, ya que ayer fue sometido a un histórico fichaje policial –tomas fotográficas de frente y perfil, además de huellas dactilares–, en el marco del caso por la Operación Colombo, en el que está procesado por nueve secuestros calificados. El juez Víctor Montiglio, que mantiene bajo arresto domiciliario a Pinochet, dispuso abrir su prontuario después de que la Corte Suprema rechazó el lunes y martes dos recursos de amparo (habeas corpus) de sus abogados defensores. Sin embargo, Montiglio le concedió ayer la libertad provisional al ex dictador previo pago de una fianza de 24 millones de pesos (46.600 dólares), medida que debe ser ratificada o revocada mañana por la Corte de Apelaciones de Santiago. Esa Corte estudia además un nuevo desafuero por malversación de caudales públicos.
El fichaje estuvo a cargo de personal del Registro Civil y de la Policía de Investigaciones, que cumplía órdenes de Montiglio, el juez a cargo de la causa del plan represivo que aplicaron los agentes de la dictadura militar a mediados de 1975, con una secuela de 119 desaparecidos del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). La filiación debió hacerse en la residencia del militar retirado, en el elegante barrio santiaguino de La Dehesa, ya que Montiglio lo procesó y ordenó su arresto domiciliario el 24 de noviembre pasado, por seis víctimas, aunque el 5 de diciembre amplió el procesamiento por otros tres casos.
“En Chile todo presunto delincuente, una vez que es sometido a proceso, debe ser prontuariado. Es un trámite normal dentro del procedimiento penal chileno”, afirmó el abogado querellante del caso Colombo, Hernán Quezada. En cambio, Pablo Rodríguez, jefe del equipo jurídico de Pinochet, consideró que lo ocurrido fue una “medida arbitraria”, ya que “todavía no se encuentra bajo ejecución la resolución conforme a la cual se procesa al general Pinochet”. “Lo que más nos duele no es que pueda ser objeto de filiación un ex presidente de la República, sino (...) el hecho de que no se cumpla con los requisitos legales para hacerlo”, expresó Rodríguez. La noticia fue bien recibida por familiares de víctimas de la dictadura (1973-90), ya que nunca antes se había obtenido el fichaje policial.
Por otra parte, es posible que se le impute a Pinochet un nuevo delito en el marco de la “causa Riggs” que lleva el juez Carlos Cerda y por la cual el ex dictador fue procesado el 23 de noviembre –un día antes que el procesamiento por Operación Colombo– por posibles delitos como evasión tributaria, uso malicioso de instrumento público, uso de cuatro pasaportes falsificados y omisión de información en una declaración jurada. Ayer la Corte de Apelaciones de Santiago analizó una nueva solicitud de desafuero por malversación de caudales públicos, por una suma de 2.056.840 dólares, donde Pinochet habría traspasado esos fondos durante años desde las cuentas de la Casa Militar en el Banco Riggs a sus cuentas personales y de sus cercanos.
El abogado Rodríguez alegó, por el contrario, que “es el fisco quien le debe dinero al general Pinochet, ya que fue él quien colaboró con la Casa Militar con 345.000 dólares”. La Corte de Apelaciones votará mañana si le quita nuevamente la inmunidad al ex dictador, al igual que ratificará o revocará la libertad provisional del ex dictador, previo pago de fianza, concedida por el juez Montiglio.