La DEA es la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos encargada de canalizar la ayuda, material y financiera, de Washington para “ganar la guerra contra la droga” en América latina. Es el brazo estadounidense que opera en el Plan Colombia y en el de Coca Cero en Bolivia, que ya tiene sus horas contadas desde la abrumadora victoria del líder cocalero, Evo Morales. La Agencia también dejó su lamentable marca en Venezuela a mediados de este año cuando el presidente Hugo Chávez tomó la decisión de suspender los convenios de cooperación, luego de que se conociera que un agente de la DEA había participado en una reunión con militares rebeldes venezolanos en Bogotá, en la que estarían discutiendo planes para desestabilizar al régimen bolivariano. Esa es la DEA; una herramienta estadounidense para combatir la ilegalidad que ocurre en el patio trasero. El problema es que el remedio se volvió parte de la enfermedad.

Las acusaciones contra la DEA por corrupción y asesinatos no son nuevas. Sin embargo, recientemente tomaron una nueva dimensión ya que, por primera vez, el denunciante es un funcionario del gobierno de Estados Unidos. Un informe confidencial de un abogado del Ministerio de Justicia estadounidense dirigido a sus superiores, difundido días atrás por la revista colombiana Semana, ratificó todo lo que se venía denunciando desde la región y negando desde Washington: agentes de la DEA asignados en Bogotá asesinan a informantes e interfieren en las investigaciones para proteger a los narcotraficantes locales, están involucrados en las operaciones de lavado de dinero de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) –el grupo paramilitar más importante del país– y, quizá lo más importante, las oficinas en Estados Unidos lo saben, tienen pruebas de ello pero no hacen nada. Más todavía, despiden a los que denuncian estos hechos, los amenazan de muerte o los reasignan.

Como si esto fuera poco, un ex agente de la DEA que trabajó 12 años en Centroamérica y Bogotá denunció el lunes pasado a Radio Caracol que la Agencia no sólo “está implicada en los asesinatos en Sudamérica y Centroamérica”, sino que además confesó: “Entrenamos a los escuadrones de la muerte por muchos años y lógicamente también los ayudábamos a los traficantes de Colombia a exportar droga a Estados Unidos”. Esta denuncia hace recordar episodios como los de abril pasado, cuando cinco militares estadounidenses, que operaban dentro del Plan Colombia, fueron detenidos con 16 kilos de cocaína en un avión militar que se dirigía a Texas. A pesar de que los descubrieron en suelo colombiano, las autoridades no pudieron retenerlos ya que los oficiales norteamericanos gozan de una inmunidad similar a la de los diplomáticos.

Casos como éste abundan. El de la esposa del ex jefe estadounidense de las operaciones antinarcóticos en Colombia, Laurie Heitt, que en 1999 reconoció haber transportado 700 mil dólares en cocaína y heroína –lo que equivaldría curiosamente a 16 kilos– a Nueva York en valijas diplomáticas. O el del agente de la DEA Richard Meyer, al que el capo colombiano Alejandro Bernal Madrigal aseguró haberle dado un millón de dólares para que no lo investigue. Colombia tiene la segunda oficina en importancia de la DEA en el mundo, sólo superada por la de México. En Bogotá están asignados unos 35 agentes y otras 100 personas.

¿Cuál es entonces el trabajo de la DEA? Para Castillo “es una contradicción” ya que se creó para pelear una guerra que como tal no existe, cuando en realidad lo que hicieron fue “entrenar los equipos de seguridad de los escuadrones, los paramilitares, enviando plata a esos grupos para ayudarle a la CIA a trabajar contra la guerrilla centroamericana y sudamericana”.

Informe: Laura Carpineta.