El gobierno español no quiso dejar pasar la oportunidad de comunicar su “malestar” a la Casa Blanca por la decisión de denegar la licencia para instalar tecnología norteamericana en los doce aviones militares vendidos por la firma española EADS-CASA a Venezuela. Una empresa no debe “pagar las consecuencias” de la “mala relación” de dos países, le explicó la vicepresidenta primera del gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, al embajador estadounidense en Madrid, Eduardo Aguirre, días atrás. La decisión, había asegurado la vicepresidenta, no es “justa” ni está “justificada”, y podría afectar “a sectores de la economía española”.

El 28 de noviembre pasado, España y Venezuela firmaron en Caracas un contrato para la venta de diez aviones de transporte C-295, dos aviones de vigilancia marítima CN-235, cuatro patrulleras costeras y cuatro oceánicas por 1700 millones de euros –más de 2000 millones de dólares–. Sin embargo, esta venta nunca pudo realizarse completamente debido a que Estados Unidos le negó a Madrid la licencia para la venta de los 12 aviones militares, que poseen componentes norteamericanos. La razón, la misma de siempre: el gobierno de Hugo Chávez “contribuye a la inestabilidad regional” y la venta podría “complicar la situación”. Desde Caracas, Chávez calificó la medida de “atropello imperialista” y le pidió a España que busque una solución alternativa. Según la vicepresidenta, la empresa EADS-CASA estaría contemplando el uso de tecnología de otro país, aunque esto incrementaría fuertemente los costos de producción.