En medio de la reanudación de las negociaciones de un Tratado de Libre Comercio (TLC), Ecuador mantiene en vilo a Washington sobre el futuro de la actividad estadounidense en la base ecuatoriana de Manta. El ministro de Gobierno, Alfredo Castillo, fue el primero del gabinete de Quito en referirse al tema ayer al rechazar una renovación del convenio antidrogas que permitiría expandir la presencia de militares norteamericanos en la base hasta 2014. América del Sur no debe “tener en su seno ninguna base extranjera,” explicó Castillo en un momento en que varios sectores creen que Ecuador debería utilizar la eventual renovación del acuerdo de cooperación como herramienta para conseguir concesiones en el TLC.

La declaración de Castillo llega en medio de un clima caldeado, por un lado, por las protestas de indígenas, estudiantes y jubilados en las calles de Quito que no cesan y, por otro lado, por la reciente visita de Jeb Bush, gobernador de Florida y hermano menor de George W., que fue vista por los movimientos sociales como un paso más del gobierno interino de Alfredo Palacio hacia la firma del TLC. El acuerdo de cooperación en cuestión y fue firmado en noviembre de 1999, por el presidente ecuatoriano Jamil Mahuad. Permite a Washington utilizar la base militar en el puerto pesquero de Manta –unos 390 kilómetros al suroeste de Quito– para actividades aéreas antinarcóticos en la región. El convenio expira en 2009, aunque puede ser renovado por períodos de cinco años.