El gobierno español llegó ayer a un histórico acuerdo con Cataluña ayer, aceptando la demanda de los catalanes de ser considerados una nación y extender sus poderes de autogobierno. José Montilla, el ministro de Industria español y una importante figura del partido socialista catalán, celebró el logro como “un gran día para los catalanes y los españoles”. El jefe de gobierno socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, apoyado por la coalición de izquierda gobernante en la nación, terminó con un acuerdo largamente esperado con el partido conservador nacionalista de Cataluña, Convergencia i Unio, en las primeras horas de ayer, en un logro que Madrid describió como un “acuerdo global”.

El acuerdo, si es ratificado como se espera por el Parlamento en los próximos días, resuelve el problema político más serio que ha acosado al gobierno español durante un año. El estatuto autonómico corregido actualiza al acordado en 1979 durante la naciente democracia española, y acentúa los límites de la Constitución nacional post-Franco. La carta reconoce el deseo de los catalanes de ser considerados una nación, y les da poderes compartidos e iguales con Madrid sobre los impuestos de la región. El acuerdo se logró después de laboriosas negociaciones entre los partidos que culminaron con una maratónica sesión el sábado en la oficina de Zapatero en Madrid. El nuevo estatuto será visto como una posible plataforma para una solución al conflicto vasco que ya lleva décadas. Si Zapatero puede conseguir esto, su nombre quedará en la historia española como el hombre que terminó con el último conflicto armado por identidad nacional de Europa Occidental.

El trato se alcanzó sólo horas después de que miles de radicales nacionalistas vascos se reunieron en Barakaldo, cerca de Bilbao. Arnaldo Otegi, el líder del proscripto partido Batasuna, que es visto como el ala política de ETA, les dijo a sus simpatizantes que “los obstáculos que enfrentamos demuestran que nos estamos acercando a un proceso de soluciones”. El principal partido opositor de España, el Partido Popular (PP), sigue oponiéndose al estatuto catalán. Teme que la carta corregida pueda llevar a la escisión de España, especialmente si el momento es aprovechado por los vascos y por otras regiones. Un vocero del PP condenó “al acuerdo que se alcanzó en secreto... sin tener en cuenta los deseos de la mayoría de los españoles”. El PP es una minoría tanto en Cataluña como en el Parlamento en Madrid, y no reunirá el suficiente apoyo como para bloquear el acuerdo.

Para Zapatero es más seria la posible oposición de la independentista Izquierda Republicana Catalana (IRC), miembro de la coalición de izquierda de la región, que podría enfrentar presión de sus militantes para demandar una declaración de nacionalismo más fuerte. El borrador describe a Cataluña como una nación, en el preámbulo, y la denomina una “nacionalidad dentro de España” en el cuerpo del texto. Zapatero se reunió ayer con el líder del IRC, Josep Lluis Carod Rovira, para asegurar su apoyo, que es crucial porque si el IRC se va de la coalición, el gobierno regional podría caer, dejando al acuerdo sumido en la incertidumbre. El partido había dicho anteriormente que “no estaba satisfecho”, pero que “todavía había posibilidad de alcanzar un acuerdo”. Carod aceptó, en una entrevista con el diario de Barcelona La Vanguardia ayer, que la independencia no era su prioridad inmediata. “Sólo el 16 por ciento de los catalanes la quieren... Todo depende de si España le concede a Cataluña los instrumentos con los que se siente cómoda”, aseguró.

Además de resolver los espinosos problemas de la nacionalidad y de los poderes sobre los impuestos –que prolongaron las negociaciones al punto de que todos estaban hartos de ellos–, la nueva carta devuelve a Cataluña los poderes sobre los asuntos que la afectan. Algunos poderes, incluyendo la administración de las vías ferroviarias y los aeropuertos de la región, y el reconocimiento del catalán como una lengua oficial igual al español, responden a demandas históricas. Otros, incluyendo la responsabilidad sobre la inmigración hacia Cataluña y la inspección de las condiciones de trabajo, reflejan las cambiantes condiciones sociales de los pasados 25 años.

La intervención personal de Zapatero a último momento, instando “a un esfuerzo final”, ayudó a cerrar el trato. Su gobierno socialista quedó desconcertado con los exabruptos de la oposición dentro de las fuerzas armadas, y muchos temen que un mayor retraso podría ser desestabilizador. Un alto general fue relevado recientemente por sugerir que el ejército podría intervenir si las demandas catalanas violan la Constitución. Días después, un capitán del ejército en el enclave africano de España, Melilla, advirtió sobre el “desmembramiento de la patria”. Sin embargo, el jefe de las fuerzas armadas españoles, el general Félix Sanz, les pidió ayer a sus tropas que “sean leales y disciplinadas, que tengan confianza en su comandante”, y respeto por el Parlamento y la Constitución.

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.

Traducción: Laura Carpineta.