Por Yolanda Monge*
Desde Washington

El fiscal general de Estados Unidos, Alberto Gonzales, insistió ayer ante el Comité Judicial del Senado que el presidente George W. Bush está plenamente autorizado a ordenar escuchas telefónicas sin necesidad de orden judicial dentro de la lógica de la “guerra contra el terrorismo”. Tanto Gonzales como Bush han argumentado desde que el asunto de las escuchas se hizo público hace seis semanas que los poderes constitucionales del presidente, como comandante en jefe en tiempo de guerra, le dan potestad para ordenar que se intercepte el correo electrónico y las llamadas de los residentes de este país en comunicaciones con personas en el extranjero. Gonzales reclamó al Congreso de EE.UU. que no ponga punto final o debilite el programa de escuchas.

La testaruda y convencida defensa de Gonzales sobre el programa de escuchas de Bush fue duramente atacada incluso por el presidente republicano del Comité Judicial, el senador Arlen Specter, que considera que son “ilegales”. Specter dijo a Gonzales que hasta el Tribunal Supremo había determinado que “el presidente no posee un cheque en blanco”. El senador republicano por Pensylvania sugirió que la legalidad de las escuchas sea revisada por un tribunal federal especial creado bajo la ley de 1978 conocida como FIAS (ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera). “Hay mucha gente que piensa que está usted equivocado. ¿Qué tiene que perder si cree que tiene razón?”, cuestionó Specter a Gonzales sobre la propuesta para abrir una investigación judicial.

En un primer momento, el fiscal general evitó la pregunta, para finalmente conceder que no tendría problema en tal investigación. Aunque para Gonzales, “poner fin al programa de escuchas en este momento permitiría a nuestros enemigos más espacio para peligrosas operaciones dentro de nuestras fronteras”. Durante la vista, Specter replicó a Gonzales diciéndole que “la ley de 1978 tiene una clara prohibición contra cualquier espionaje electrónico sin una orden judicial”. Respecto del hecho de que el presidente Bush reitere su autoridad para ordenar las escuchas, el presidente del Comité Judicial del Senado fue tajante: “Permítame que sea escéptico sobre esa interpretación”.

La ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera de 1978 prohíbe que se espíe a ciudadanos estadounidenses sin el permiso de un tribunal especial. La Casa Blanca ordenó a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, en sus siglas en inglés) intervenir las comunicaciones internacionales por teléfono e Internet de personas sospechosas de conexión con grupos terroristas sin la solicitud del permiso. Cuando la orden fue conocida, a mediados de diciembre, hizo estragos en el Congreso, especialmente entre los demócratas, pero también entre numerosos republicanos.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.