Son todos muy jóvenes; unos llevan borceguíes, otros chinelas. Los primeros son soldados del ejército brasileño a quienes les resulta difícil hacer pie en las favelas de Río de Janeiro donde están apostados desde hace 10 días. Se trata de una misión aparentemente desmesurada: 1600 tropas desplegadas por tiempo indeterminado en 11 comunidades pobres y las principales vías de acceso de la ciudad para recuperar 11 armas robadas de un depósito militar.

Para los “soldados” de chinela, reclutas del narcotráfico, las cosas son mucho más sencillas. Ellos conocen con los ojos cerrados el lugar y logran escurrirse como peces por los corredores que conducen hasta lo alto de los morros desde donde disparan contra las fuerzas regulares. El fuego cruzado es esporádico, pero se hizo más recio a partir del lunes pasado cuando Eduardo dos Santos, de 16 años, fue muerto por una bala perdida según un comunicado oficial. La versión de los testigos es otra. Para ellos la bala se le “perdió” a un miembro de la patrulla que atacó a Dos Santos porque lo supuso armado, cuando en realidad, lo que llevaba en su mano era un paraguas. Este viernes, un niño de 12 años también fue baleado.

En general los lugareños han recibido de mal grado a los visitantes, a quienes acusan de malos tratos y arbitrariedades semejantes a las que sufren de parte de la policía y de las organizaciones delictivas que montaron un Estado paralelo, asistencialista y fascistoide en buen número de las 600 favelas habitadas por 1 millón de cariocas. Acaso la imagen que mejor describe ese estado es la de dos adolescentes de torso desnudo saludando obscenamente el paso de dos uniformados de expresión desconcertada. En esa provocación también se revela la temeridad con que actúan las facciones comandadas en general por jóvenes de alrededor de 30 años, algo que se explica en la corta expectativa de vida de quienes se enrolan en esos “ejércitos” que guerrean entre sí además de hacerlo con la policía y, ahora, con las fuerzas armadas. La antropóloga Alba Zauar observó una suerte de “hipermasculinidad” en la conducta de estos delincuentes singularmente arrojados, crueles y cada vez más jóvenes. Una investigación de la Organización Internacional del Trabajo mostró que a comienzos de los años ’90 la edad de ingreso al Comando Vermelho (CV), organización hegemónica de entonces, era 16 años. Al finalizar la década, cuando nuevas organizaciones disputaron terreno al CV, la edad cayó a 13 años.

Ser dueñas del terreno les da a las bandas una ventaja apreciable en ese teatro de guerra asimétrica montado por las fuerzas armadas y de seguridad en Providencia, Mangueira, Complejo del Alemán y otras favelas del norte de la capital fluminense, próximas a la unidad militar de San Cristovao, por cuyo acceso principal pasaron siete hombres que luego de reducir a los centinelas, sustrajeron 10 fusiles FAL y una pistola 9 mm. Por la rapidez con que actuaron se descuenta que conocían el lugar, lo que autoriza dos hipótesis: eran narcos guiados por un entregador o eran militares. No sería éste el primer caso que involucra a uniformados: entre 2001 y 2005 se abrieron 21 procesos por robo de armas contra militares en Río de Janeiro.

El coronel José Vicente da Silva, ex secretario de seguridad del presidente Fernando Henrique Cardoso (1994-2002), consideró legítimo que las Fuerzas Armadas procuren armas robadas de sus depósitos, pero mostró asombro ante el despliegue visto estos días. Da Silva aportó un dato:entre 2000 y 2004 fueron hurtadas 186 armas, algunas de ellas recuperadas, pero siempre mediante acciones puntuales.

El argumento oído a los militares es que la osadía de los ladrones fue una afrenta a la institución y que es imperioso escarmentar a los “marginales”. Esa explicación no basta para responder varios interrogantes, entre ellos por qué la medida no tuvo un claro e inmediato respaldo del poder civil siendo que el presidente Luiz Inácio Lula Da Silva recién se pronunció sobre el tema el jueves pasado. Varios juristas y el ministerio público denunciaron la inconstitucionalidad del hecho, porque cientos de miles de ciudadanos están sometidos a un estado de excepción sin un mandato expreso del Poder Ejecutivo.

Cabe entonces sospechar que el ejército no se movió herido en su honra sino ejecutando un plan que contempla la militarización de la represión al delito, que resultaría en un giro copernicano de la actual doctrina brasileña en la que esa función es competencia de la policía. El primer antecedente en ese sentido se registró en 1994 con la Operación Río, cuando la ciudad fue virtualmente militarizada debido a que las fuerzas de seguridad fueron “desbordadas” por el Comando Vermelho. El cuartelazo de noviembre de 1994 se vio favorecido por el relativo vacío de poder que suponía la transición entre el presidente saliente Itamar Franco y el electo Fernando Henrique Cardoso. Ahora, la inesperada ocupación de Río ocurre mientras Brasil comanda las tropas pacificadoras en Haití, donde sus hombres debieron enfrentar a civiles en zonas a veces más miserables que las favelas cariocas, un antecedente que legitimaría este tipo de operaciones. Paralelamente el aparatoso estacionamiento de tanquetas en los barrios “más peligrosos” de Río constituyó el primer espectáculo político de un año electoral en el que la seguridad será tema obligado. Las clases medias dijeron, casi un en 90 por ciento, que se sienten más seguras cuando ven a los hombres de verde patrullando la ciudad.

No sólo razones internas impulsan la posible reconversión castrense. La caracterización del narcotráfico como amenaza a la seguridad nacional se empalma con las nuevas directrices emanadas del gobierno de EE.UU. tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y la posterior guerra global al terrorismo. En 2004, durante una cumbre hemisférica de defensa en Ecuador, Washington explicitó su interés en el aggiornamiento de las fuerzas armadas brasileñas para que participen en la represión del narcotráfico, como lo hacen las colombianas y peruanas. Los hechos de Río parecen ir en esa dirección.