Por Ludmila Vinogradoff
Desde Caracas

¿Cuándo va a ser el golpe?, se preguntan uno a otro los venezolanos en medio de fuertes rumores, como si fuera la salida más rápida para sacar al presidente Hugo Chávez tras la frustrada asonada militar del 11 de abril, cuando murieron tiroteados 17 civiles. La proximidad de otro golpe, un autogolpe o un magnicidio es tema no sólo de sobremesa, sino de calle. Se ha vuelto tan popular que hasta se hacen chistes y apuestas por el día en que ocurrirá. Anteayer, hasta el presidente Hugo Chávez lo advirtió. Invocando preceptos de la Constitución y de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA), partidos políticos y agrupaciones civiles de oposición de Venezuela comenzaron ayer a debatir acciones de desobediencia civil que fueron propuestas el sábado en una multitudinaria marcha. El ministro de Planificación de Venezuela, Felipe Pérez, afirmó que hay descontento de algunos generales con Chávez por la reducción de los gastos militares, según una entrevista publicada ayer por el diario El Nacional.
En este río revuelto, los comerciantes son los ganadores. Los supermercados hacen su agosto con las compras nerviosas de los consumidores. La harina de maíz para hacer las arepas, el aceite, la leche, los spaghettis y el azúcar desaparecen en un abrir y cerrar de ojos. Hasta los vendedores ambulantes montados en los autobuses anuncian: “Se viene el golpe y no pasará de la próxima semana”.
Así está el clima: para unos tenso y para otros un negocio. Han pasado dos meses del intento golpista, que para los autores fue “un vacío de poder”. Sea cual fuere la definición y las consecuencias para los involucrados, que todavía no han podido aclarar los tribunales –ni encarcelar a los francotiradores que dispararon contra las manifestaciones–, las condiciones de Venezuela han empeorado después de la intentona.
A la crisis política se han sumado la económica, la financiera, la social y ahora la militar, por la profunda fractura que han sufrido las fuerzas armadas con el 11 de abril. La purga que emprendió el gobierno ha creado malestar entre los oficiales. En la lista de ascensos para el 5 de julio, fecha patria, han puesto a los leales al régimen en altos cargos sin méritos, rompiendo así la línea de mando, afirmó el vicealmirante retirado Iván Carratú. Los generales que participaron en la asonada están siendo enjuiciados en el Tribunal Supremo de Justicia, algo que rechazan, y unos 120 generales y coroneles disidentes han sido retirados de sus cargos. El descontento militar es lo que hace pensar en otro golpe. Por su lado, los partidos de la oposición se han unido para promover una enmienda constitucional que recorte el mandato presidencial de seis a cuatro años, con una segunda vuelta electoral, y están recogiendo firmas para convocar un referéndum y anticipar las elecciones para diciembre, iniciativa que rechazan el oficialismo y Chávez en el Parlamento.
La crisis económica, financiera y social también empezó a tocar fondo. Después de tener a Chávez tres años y medio en el poder, cuyo gobierno ha recibido unos 75.000 millones de dólares en ingresos petroleros, nadie sabe explicar por qué el índice de pobreza supera el 85 por ciento, ni por qué la Tesorería de la Nación no tiene dinero para pagar los salarios de los empleados públicos del último mes, como tampoco el aumento salarial del 10 por ciento del año pasado ni el 20 por ciento decretado este año.
El Banco Central de Venezuela “no tiene dinero”, asegura su director principal, Domingo Maza Zavala, al referir que hay que esperar entre 60 y 90 días el pago de la facturación de Petróleos de Venezuela. “Es complicado, pero tenemos que buscar recursos en la banca extranjera, porque la nacional no tiene liquidez.” Carlos Fernández, presidente de lapatronal Fedecámaras, sostiene que los empresarios no pagarán impuestos hasta que el gobierno “entregue cuentas claras”.
De El País de Madrid. Especial para Página/12.