Las empresas argentinas Pluspetrol y Techint han quedado colocadas en el medio de un escándalo político en el Perú, luego de que estallara por quinta vez el gasoducto que transporta el gas producido en la planta Malvinas, ubicada en la selva del Cusco, hasta la costa peruana, y que ha sido construido por Techint. El accidente dejó una amplia zona en llamas y a tres pobladores –una madre y sus dos pequeños hijos– heridos con quemaduras. La explosión del gasoducto de 540 kilómetros de longitud es la quinta rotura que sufren las tuberías del gasoducto desde que comenzó a operar hace 18 meses. Techint y Pluspetrol forman parte del consorcio que explota la reserva de gas de Camisea, la mayor del Perú, y que ahora está seriamente cuestionado por las repetidas fallas en el gasoducto, lo que se ha venido a sumar a las críticas por un contrato que favorece al consorcio privado en perjuicio del consumidor local, al permitirle fijar el precio del gas para su venta en el mercado peruano según el creciente precio internacional de los residuales y no de los costos de producción.

Unos días antes de que se produzca esta quinta ruptura del gasoducto, la consultora norteamericana E-Tech, que hizo un estudio sobre el trabajo efectuado por Techint, presentó ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entidad que ha financiado parte de la obra, un lapidario informe contra Techint, en el cual acusa a la empresa argentina de haber usado tubos “corroídos” que le habían “sobrado” de otras obras, de un trabajo deficiente en las soldaduras de las uniones de las tubos y de haber utilizado a personal “no calificado” para la supervisión de las obras. E-Tech completó su informe señalando la existencia de “puntos vulnerables” en los que podrían producirse roturas de la tubería. El consorcio Transportadora de Gas del Perú (TGP), que integran Pluspetrol y Techint, junto con otras compañías, como la norteamericana Hunt Oil, rechazó las acusaciones de E-Tech. Pero cinco días después de presentado ese informe, el gasoducto construido por Techint volvió a estallar. El accidente ocurrió precisamente en uno de los “puntos vulnerables” advertidos por E-Tech.

Junto con el gasoducto estalló el escándalo político, que puso a las compañías argentinas Pluspetrol y Techint, especialmente a esta última, en el centro de las críticas. El candidato presidencial Ollanta Humala, segundo en las encuestas, ha asegurado que de ganar las elecciones se “investigará a fondo” la construcción del gasoducto y que se renegociará el contrato con TGP. En el otro extremo se ubica la todavía puntera de las encuestas, la candidata de la derecha, Lourdes Flores, quien ha pedido “prudencia” ante lo ocurrido y se opone a cualquier renegociación de este cuestionado contrato, postura que coincide con la del consorcio empresarial. El presidente y el gerente general de TGP, los argentinos Ricardo Markous y Ricardo Ferreiro, respectivamente, han justificado las cinco rupturas del gasoducto en 18 meses diciendo que “eso es algo normal”. Desafiante ante las demandas para renegociar el contrato de explotación del gas de Camisea, Markous le dijo a la prensa que ellos han venido para quedarse 30 años “y nos quedaremos los 30 años; no aceptaremos ninguna renegociación del contrato”.

Apenas conocida la noticia de la quinta explosión del gasoducto de Techint, la empresa encontró en el primer ministro Pedro Pablo Kuzcynski a su principal defensor. Kuzcynski atribuyó la explosión a “un posible sabotaje” y liberó de toda responsabilidad a la empresa. El argumento del sabotaje se desvaneció rápidamente, pero Kuzcynski insistió en defender al consorcio empresarial repitiendo lo dicho por sus principales directivos en el sentido de que las repetidas rupturas del gasoducto son “normales”. La cerrada defensa de Kuzcynski al cuestionado consorcio empresarial no es gratuita. El año 2003, antes de asumir por segunda vez un puesto en el gabinete del presidente Toledo, Kuzcynski se desempeñó como director de la empresa Tenaris, una subsidiaria de Techint, que fue, precisamente, la empresa que suministró los cuestionados tubos para construir el gasoducto. Kuzcynski también ha sido en esa misma época consultor de Hunt Oil, socio de Pluspetrol y Techint en el consorcio de Camisea. El primer ministro fue llamado al Congreso para responder por estos vínculos que siembran fundadas dudas de su imparcialidad en este tema, pero no asistió a la cita. El Congreso ha formado una comisión investigadora sobre el tema.

Pero a pesar de la cerrada defensa de TGP por parte del primer ministro, el gobierno ha tenido que ceder a las presiones y ha convocado a una auditoría internacional para que investigue la construcción del gasoducto. Sin embargo, el viceministro de Energía y Minas, Miguel Cayó, también se adelantó en defender a la empresa, asegurando que, a pesar de las cinco rupturas del gasoducto, para el gobierno “todo se ha hecho bien”. “El problema es la dificultad del terreno, especialmente en la selva”, agregó, a modo de disculpa. Pero, ante las presiones de la prensa, admitió que si la auditoría demostraba que había habido negligencia por parte de Techint en la construcción del gasoducto, como el uso de tubos de segunda, eso sería “una causal para rescindir el contrato por incumplimiento”. Pero los resultados de la auditoría estarían listos recién a fin de año. Mientras tanto, el gobierno ha asegurado que el gasoducto seguirá operando, a pesar de que ha admitido que nuevas rupturas pueden ocurrir en cualquier momento, lo que implica un serio riesgo para las poblaciones nativas que viven en la ruta del gasoducto.