Jue 23.03.2006

EL MUNDO

Justicia civil contra la otra guerrilla en el Perú

Los líderes del MRTA, la segunda guerrilla después de Sendero Luminoso en Perú, recibieron ayer nuevas sentencias por parte de la Justicia civil, que revocan las impuestas por el fujimorismo.

› Por Carlos Noriega
Desde Lima

“Pensaba que los señores que me juzgaban iban a actuar con criterio de conciencia y más bien han cedido a la presión de la opinión pública”, fueron las primeras palabras de Víctor Polay, el jefe del guevarista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), luego de escuchar la sentencia a 32 años de prisión que le impuso el tribunal que lo juzgó junto con otros once miembros del MRTA. Vestido con camisa blanca y saco oscuro, Polay se paró frente al tribunal de tres jueces para anunciar que apelará la condena que se le impuso. El fundador y jefe del MRTA, quien se encuentra en prisión desde 1992, recluido en una celda de aislamiento de una base militar, recusó la sentencia alegando que él y sus compañeros debían ser juzgados por el delito de rebelión y no por terrorismo. El fiscal, quien pidió la cadena perpetua para Polay, señaló que también apelará la sentencia. El tribunal dispuso que Polay cumpla el resto de su condena en una cárcel civil.

El jefe del MRTA había sido sentenciado en 1992 a cadena perpetua por un tribunal militar secreto, pero esa sentencia, como las otras impuestas por los jueces militares del gobierno de Fujimori, fue declarada nula luego de la caída del régimen fujimorista en el año 2000 y se ordenó un nuevo proceso, esta vez en la Justicia civil. Miguel Rincón, el número dos del MRTA, recluido en una base militar desde 1995, también fue condenado a 32 años de prisión. Lucero Cumpa, Peter Cárdenas y Alberto Gálvez, todos ellos de la cúpula del MRTA, fueron sentenciados a 28, 25 y 23 años, respectivamente. Los otros procesados fueron condenados a penas que van de los 15 a los 20 años. El primero de los dirigentes emerretistas en salir de prisión será Alberto Gálvez, quien abandonará la cárcel el año 2014.

Víctor Polay fundó el MRTA –que toma el nombre del líder indígena independentista del siglo XVIII Túpac Amaru– en 1982, y en 1984 el grupo pasó a la lucha armada. Un año después, el MRTA le solicitó una tregua al recién iniciado gobierno de Alan García, pero el pedido fue desechado. Polay y García habían sido amigos cuando ambos vivieron en Francia en los años ’70, y militaban juntos en el partido aprista. El MRTA también pidió una tregua en 1990, cuando asumió el poder Alberto Fujimori, pero tampoco tuvo éxito en ese empeño. La acción más espectacular del MRTA fue la toma de la residencia del embajador de Japón en diciembre de 1996, la que mantuvo ocupada con más de 70 rehenes hasta abril de 1997, cuando un operativo militar recuperó la sede y mató a los 14 guerrilleros que la habían asaltado. Ese episodio marcó la partida de defunción del MRTA.

A diferencia de Sendero Luminoso, que actuaba mimetizando con la población civil y que tuvo al terrorismo como su principal método de lucha, el MRTA fue un grupo guerrillero cuyos miembros actuaban uniformados para diferenciarse de la población civil y que reivindicaba sus acciones armadas. El informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación sobre la violencia política en el Perú, publicado en 2004, admite que el MRTA, a diferencia de Sendero Luminoso, “se abstuvo de atacar a la población civil”. Días antes, un grupo de intelectuales y políticos, entre quienes figuran los candidatos presidenciales Javier Diez Canseco, Alberto Moreno y Ulises Humala –hermano de Ollanta Humala, el favorito para ganar las elecciones– y Armando Villanueva, ex senador y líder histórico del partido aprista, que postula a la presidencia a Alan García, firmaron un manifiesto público en el que recordaban las diferencias entre el MRTA y Sendero Luminoso y pedían una “sentencia justa” para Polay. Los dirigentes del MRTA esperaban que estas consideraciones y su pública renuncia a la lucha armada fueran tomadas en cuenta por el tribunal, pero esto no ocurrió. El tribunal precisó que no impuso la cadena perpetua por razones exclusivamente legales, ya que los delitos imputados a los emerretistas se produjeron antes de que ésta se incluyera en la ley. Polay, quien tiene 55 años, abandonará la prisión a los 72.

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