El asesinato de un líder sindical de la principal petrolera de Colombia, Ecopetrol, generó importantes protestas de los trabajadores que comenzaron ayer una huelga de dos días mientras se implementaban medidas para evitar un desabastecimiento del combustible. Este hecho ocurre en días en que el presidente electo Alvaro Uribe busca apoyo en Washington ante legisladores que cuestionan fuertemente el destino de la asistencia económica otorgada por su país a Colombia. A esto se suma el escándalo desatado en estos días a partir de denuncias de desvío de fondos por parte de la policía antinarcóticos, que ayer causó la renuncia del jefe de seguridad del presidente Andrés Pastrana, coronel Royne Chávez.
César Blanco, secretario general del organismo que nuclea a los empleados de Ecopetrol, Unión Sindical Obrera (USO), fue asesinado el lunes por la noche en la localidad de Floridablanca, en el departamento de Santander. Los trabajadores petroleros comenzaron una huelga que finalizará hoy. El secretario general de la USO en Bogotá, Javier Villanueva, no dudó en señalar a los paramilitares de ultraderecha como los responsables del asesinato. Otro crimen fue el de la concejal liberal de El Doncello, en el sur colombiano, Lida Rengifo. Junto con otros representantes de la región, Rengifo había renunciado a su cargo debido a amenazas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pero su dimisión no fue aceptada por el gobierno. Otro diputado provincial fue asesinado el pasado viernes.
Mientras tanto, Uribe se pasea por Washington intentando contrarrestar la creciente desconfianza de los legisladores norteamericanos ante la denuncia de supuestas irregularidades en el destino de los millonarios fondos que ese país envía para combatir el narcotráfico. En Washington, Uribe se reunirá con legisladores días antes de que el Congreso debata el presupuesto 2003, para el que la Casa Blanca pide que apoye su proyecto de destinar hacia el país latinoamericano 430 millones de dólares, más un suplemento de 98 millones para proteger el oleoducto Caño-Limón, que es propiedad de un petrolera estadounidense. Pero el hecho de que no se adviertan los resultados de las enormes sumas destinadas a ese país –ya se envió el 70 por ciento de los 537 millones de dólares prometidos– podría hacer tambalear el proyecto. También puede hacerlo tambalear el escándalo de malversación de fondos en la policía, dado que los congresistas opuestos a la ayuda pueden alegar que no sirve más que para la corrupción.