Corrían las horas y el clima viraba a favor del consenso: la delegación de los ministros en representación del Ejecutivo acordó con los alcaldes de la ciudad de Arequipa suspender el proceso de privatización de las dos empresas eléctricas de la región que habían motorizado las jornadas de violencia de los últimos seis días. El gobierno se sintió entre la espada y la pared: su presidente, Alejandro Toledo, canceló sus viajes al exterior en medio de la amenaza de los cinco departamentos sureños que se hallaban paralizados, manifestándose en solidaridad con Arequipa y un paro ad hoc al por el transporte público. Con la salida negociada, luego de 24 horas de deliberaciones, las autoridades acordaron levantar el estado de emergencia que regía en Arequipa en las siguientes 48 horas; el desagravio público del gobierno por sus declaraciones y el llamado a los manifestantes a que cesen con las hostilidades, que tuvieron ayer el costo de una segunda víctima fatal.
El escenario de ayer apuró las decisiones horas más tarde. Perú asistió a otro día de protesta de la población del sur del país, sobre todo en los departamentos de Cuzco, Puno y Moquegua, que habían iniciado un paro de 48 horas en solidaridad con Arequipa, segunda ciudad de Perú, donde regía como medida de seguridad el estado de emergencia y el toque de queda debido al estallido que desde el viernes pasado se alzó contra el gobierno de Alejandro Toledo. Los arequipeños hicieron sentir su reclamo contra la privatización de las empresas Egasa y Egesur con cacerolazos y enfrentamientos con la policía. La primera víctima fue el estudiante de 30 años Edgar Pinto, que murió el domingo a causa de una lesión similar a la del universitario Fernando Talavera, quien ayer sufrió una herida de muerte en su cabeza al ser alcanzado por una granada de gas disparada por la policía en la Plaza Mayor. La situación se hacía turbulenta en Tacna, fronteriza con Chile, que estaba en paro indefinido. La crisis en el sur coincidió con un paro de 48 horas por un sector de transportistas en rechazo a un seguro obligatorio que el gobierno les pretende imponer.
En este contexto, Toledo dio marcha atrás al proceso de privatización de las dos empresas eléctricas. Como primera medida, aplazó sus viajes de esta semana a Nicaragua y a Estados Unidos. Pero lo decisivo fue la presión ejercida por los alcaldes de Arequipa, que reanudaron deliberaciones con los ministros integrantes de la Comisión de Alto Nivel del Ejecutivo.
Previo a las jornadas de estos días la alcaldía de Arequipa había presentado una demanda al Poder Judicial en reclamo por su propiedad de parte de las acciones de las empresas en cuestión. La subasta del viernes de las empresas provocó la indignación de la población sureña, por el caso de Arequipa y en contra de las privatizaciones.
Al cabo de 24 horas de deliberaciones, reunidos desde el martes, los integrantes de la Comisión de Alto Nivel y el Frente Amplio de Arequipa acordaron que la privatización de las empresas Egasa y Egesur a la compañía belga Tractebel por 167 millones de dólares de mantenga en suspenso hasta que se conozca el fallo definitivo del Poder Judicial. Además, se convino levantar el estado de emergencia en el departamento este viernes. El gobierno lo había decretado el domingo pasado por el estallido social que protagonizaron los sureños con desmanes, saqueos y cacerolazos. Además, suscribieron a la llamada “Declaración de Arequipa” , un acuerdo de desagravio público del gobierno por las declaraciones que consideraron ofensivas los arequipeños, de los ministros de Justicia, Fernando Olivera, y del interior, Fernando Rospigliosi. Ambos habían cuestionado la legalidad de las protestas y Rospigliosi llegó a calificar de “tontos útiles” a los alcaldes que se plegaron a la huelga de hambre.
Otro de los puntos de la declaración fue el pedido inmediato del cese de violencia por los manifestantes de Arequipa; no quedó claro si en las otras regiones iban a desmovilizarse porque si bien el caso particular fue resuelto, la protesta en sentido amplio apuntaba los dardos contra la política de las privatizaciones. Por eso, no se sabe qué pasará.