La conflictividad regional vuelve a transformarse en una piedra en el zapato del gobierno boliviano, esta vez del presidido por Evo Morales. Después del ultimátum de una semana otorgado a las autoridades nacionales por el Comité Cívico cruceño, esa instancia regional decidió aumentar la presión y convocar a un paro cívico de 24 horas para el próximo 4 de mayo en demanda de más cargos en salud y educación, mayor atención a los damnificados por las últimas inundaciones y defensa de la licitación de El Mutún, la reserva de hierro más grande de Bolivia, que cuenta con 40 mil millones de toneladas de hierro y 10 mil millones de toneladas de magnesio.

“Santa Cruz no está planteando cosas irracionales, estamos intentando dar solución a los problemas, los primeros que sufren por falta de ítem en educación y salud son los municipios, pero no están siendo atendidos como se debe, no sólo en el departamento de Santa Cruz sino en todo el país”, dijo Germán Antelo, presidente del Comité Cívico. Sin embargo, muchos señalan que este tipo de reclamos “racionales” no provocaron la misma “sensibilidad social” de los cívicos cruceños bajo las anteriores administraciones neoliberales y el gobierno denuncia que se trata de un “paro político”, articulado a los intereses de las “oligarquías” locales y la derecha que responde a Jorge “Tuto” Quiroga, aplastada en diciembre pasado por la avalancha de votos del MAS.

“Se trata de un paro en defensa de los intereses de la empresa EBX y para licitar El Mutún en condiciones beneficiosas para las empresas extranjeras y en perjuicio del país”, le dijo a Página/12 la diputada cruceña masista Arminda Méndez, en referencia a dos conflictos de alta intensidad que está capeando el gobierno indígena. El primero se vincula con la decisión gubernamental de expulsar a la empresa brasileña EBX, propiedad del magnate Eike Batista, que pretendía producir arrabio utilizando carbón vegetal como combustible, en dos altos hornos construidos sin licencia ambiental. Tres ministros fueron “retenidos” hace algunos días por un grupo de pobladores de Puerto Suárez, presuntamente acicateados por la empresa, lo que motivó una acción policial-militar para rescatarlos y, ayer, un cabildo decidía la radicalización de las medidas de presión “en defensa de las fuentes de trabajo”, en una polarización entre “ambientalistas” y “productivistas” que recuerda el actual conflicto entre Uruguay y la Argentina por la instalación de las papeleras.

El segundo tema sensible refiere a la postergación de la licitación de El Mutún por el gobierno, “para adecuarla a los intereses nacionales”. Los cívicos creen que la apertura de los sobres, que deberá ocurrir en mayo, será nuevamente postergada, lo que terminaría de convertir a Bolivia en un país adverso a la inversión extranjera. Esa percepción se vería reforzada por la posición anti-TLC de Evo Morales, que anunció que el fin de semana formalizará el ingreso de Bolivia al ALBA liderado por Cuba y Venezuela. Aunque el Comité Cívico busca evitar que su acción sea percibida como la defensa de una empresa extranjera “ilegal”, ayer las organizaciones empresariales más importantes de Santa Cruz, base del comité, expresaban su apoyo a la firma brasileña.

El vocero presidencial, Alex Contreras, dijo que “el Palacio está abierto si los cívicos cruceños optan por el diálogo” y la duda es si este sector regionalista contará con la fuerza social necesaria para impulsar el paro cívico.