Los ataques y contraataques entre palestinos e israelíes son tan constantes que a veces resulta difícil predecir cuándo se está ante una intensificación del conflicto en Medio Oriente. En la fase actual hay algunas referencias: si Israel convoca o no a los reservistas del ejército, si mantiene o retira sus tanques de las ciudades autónomas palestinas, si apunta al cuartel de Yasser Arafat, si el líder palestino se muestra más duro con organizaciones como Hamas o Jihad Islámica o más proclive a un acuerdo de cese de la violencia. Y todas las referencias están en rojo: Israelya puso tanques frente al cuartel de Arafat en Ramalá, convocó a 2000 reservistas, mantiene sus tanques ocupando seis de las ocho localidades más importantes de Cisjordania y Arafat, en vista de lo que vendrá luego de atentados suicidas que dejaron 31 muertos la semana pasada y de la construcción de la reja de seguridad por parte de Israel, procedió al arresto de dirigentes de Hamas, incluyendo a su líder, Ahmed Yassin, y a aceptar que en la negociación de Camp David, en julio del 2000, “se cometieron errores”. Además, apareció un signo nuevo: Israel está considerando las consecuencias legales de expulsar de la región a las familias de los kamikazes.
El ministro de Defensa israelí, Benjamin Ben Eliezer, desmintió que la reocupación vaya a ser permanente, a pesar de la intensa presión política en Israel para que eso ocurra. “No es para nada nuestra intención reinstaurar un gobierno o una administración militar israelí para los habitantes de las ciudades autónomas palestinas”, afirmó el funcionario. Además, en el gabinete israelí hay fuertes enfrentamientos respecto del territorio sobre el cual se establecerá la cerca “defensiva” entre Cisjordania y los territorios israelíes.
“El gobierno decidió examinar los aspectos jurídicos (que permitirían) la expulsión de las familias de los autores de ataques suicidas”, anunció ayer el secretario del gobierno, Gideon Saar, tras la reunión semanal del Consejo de Ministros. La medida –que intentaría disuadir los atentados suicidas, así como a quienes los promueven, entre ellos los jefes de los movimientos radicales Hamas y Jihad Islámica– fue rechazada por el negociador palestino Saeb Erekat. “Son decisiones graves y constituyen una interrupción del proceso de paz”, declaró Erekat. Hay quienes sostienen que la iniciativa desnuda el hartazgo de Israel ante el terrorismo palestino. El periódico londinense The Guardian citó a una alta fuente diplomática israelí: “Está muy bien eso de hablar de ofensivas fuertes, pero, ¿a quién y a qué Israel va a golpear que ya no haya sido atacado? Israel sencillamente se ha quedado sin ideas de cómo manejarse con el terrorismo palestino. Militarmente ha intentado todo y la situación sigue empeorando”.
El gobierno de Israel no sólo discutió ayer el proyecto de deportación. La continuación de la construcción del primer sector de los 102 kilómetros del muro de seguridad, cuyas obras empezaron el 16 de junio, fue aprobada ayer con el único voto en contra del canciller Shimon Peres. El trazado de dicho muro causó, sin embargo, divisiones en el gobierno. El ala izquierda pide que siga lo más cerca posible la “línea verde” que separa Cisjordania de Israel, mientras el ala derecha quiere que pase más al este, por el territorio palestino. “No podré permanecer en el gobierno si se aprueba el borrador, porque estaríamos hablando de una reocupación”, aseguró Peres.
El ministro palestino de Cooperación Internacional, Nabil Chaath, pidió ayer al presidente estadounidense, George W. Bush, que devele inmediatamente su plan de paz para Medio Oriente. Bush iba a difundir su plan esta semana, pero pospuso su anuncio a causa de la nueva ola de violencia en la región. Bush incluiría en su plan la creación de un Estado palestino con fronteras provisorias, condicionado al fin de la violencia antiisraelí y a la reforma de las instituciones palestinas.
En medio de la actual crisis, Arafat reconoció que cometió “errores” en la cumbre con el entonces premier israelí, Ehud Barak, en Camp David. Pero se excusó, en una entrevista al periódico israelí Haaretz, asegurando que”todo estaba bien encaminado, pero lo que sucedió luego anuló todo”, dijo, refiriéndose a la visita de Ariel Sharon a la Explanada de las Mezquitas.
Además, cinco días después del inicio de la operación “Vía Firme” en Cisjordania, las fuerzas israelíes controlaban total o parcialmente Belén, Jenín, Kalkilia, Nablus, Tulkarem y parte de Ramalá. Por su parte, las fuerzas de seguridad palestinas comenzaron a arrestar a activistas del Hamas y de la Jihad Islámica en la Franja de Gaza, tras lo cual el grupo Hamas acusó a la policía palestina de actuar como “policía del enemigo”.