Mié 17.05.2006

EL MUNDO  › MADRID SUGIERE INVERTIR EN PAISES CON MAYOR SEGURIDAD JURIDICA

España reaccionó fuerte a la medida de Evo

Pedro Solbes, vice segundo de Zapatero, llamó “inaceptable” la posibilidad de que Bolivia confisque “sin compensación” las acciones de tres empresas petroleras –entre ellas Repsol– que el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria administra a través de un fondo de pensiones.

› Por Pablo Stefanoni
Desde La Paz

La nacionalización de los hidrocarburos, decretada por Evo Morales el pasado 1º de mayo, sigue trayendo cola. Ayer, el vicepresidente segundo del gobierno español, Pedro Solbes, calificó como “inaceptable” la posibilidad de que Bolivia confisque “sin compensación” las acciones de tres empresas petroleras que el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) administra a través de un fondo de pensiones. “Para evitar que este tipo de situaciones puedan volver a reproducirse en el futuro”, Solbes recomendó a las empresas españolas que “inviertan en aquellos países latinoamericanos que ofrezcan mayor seguridad jurídica, a saber: México, Brasil y Chile”. El timonel de la economía española respondía así al decreto supremo 28711, firmado por el presidente en ejercicio, Alvaro García Linera, que conminó el lunes a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) a transferir, a título gratuito y en un máximo de cuatro días hábiles, las acciones de las tres petroleras Chaco (British Petroleum), Andina (Repsol) y Transredes (Shell), propiedad de los bolivianos y administradas por las AFPs, a la recientemente refundada Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). En caso contrario, las administradoras de pensiones Futuro (propiedad de la aseguradora suiza Zurich) y Previsión BBVA serán intervenidas.

“Este gobierno dialoga, pero también se cansa del diálogo insulso y de las bravuconadas de algunos sectores”, dijo el vicepresidente en un tono inusualmente duro al firmar el decreto. “No hay nada que indemnizar. No estamos expropiando a nadie, sólo estamos recuperando lo que corresponde al pueblo de Bolivia”, había dicho Evo Morales desde Bruselas, donde habló ante el Parlamento Europeo pese a los intentos del bloque Popular (conservador) por impedirlo. La única “ayudita” europea vino de la Izquierda Unida española cuando su titular, Gaspar Llamazares, desentonó con su gobierno y se preguntó si “representa a Repsol o a los españoles”.

De las políticas de privatización aplicadas durante el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1996-1997) surgieron diez empresas “capitalizadas” que, durante la campaña electoral, Morales prometió nacionalizar. La operación –en la onda del capitalismo popular thatcheriano– entregó el 50 por ciento de las empresas estatales a sus “socios” capitalizadores, mientras el resto del paquete accionario se dividía entre los trabajadores (2 por ciento) y “los ciudadanos bolivianos” (48 por ciento). Las AFPs eran las encargadas de administrar las acciones de ese conjunto difuso de propietarios a través del denominado Fondo de Capitalización Colectiva y de representar a los bolivianos en el directorio de las empresas. Con los dividendos del FCC se pagaba el Bonosol a los bolivianos mayores de 65 años.

La otra pata de las AFPs es el Fondo de Capitalización Individual, compuesto por los aportes jubilatorios de los trabajadores y equivalente al que existe en Argentina. Ahora el gobierno reclama que alrededor del 70 por ciento del FCC (las acciones de las petroleras) sea cedido a YPFB y como con eso no alcanza para lograr la mayoría estatal, el decreto de nacionalización, Héroes del Chaco, obliga a las empresas a vender la cantidad necesaria de papeles para que YPFB consiga la mayoría de las sillas del directorio. “Sólo estamos recuperando parte de las acciones de los bolivianos en manos del FCC, no estamos tocando el FCI, esas acciones no son propiedad de las AFPs que sólo las administraban a cambio de una comisión, ahora YPFB controlará las empresas capitalizadas y pagará el Bonosol”, le dijo a Página/12 el ministro de Desarrollo Económico, CarlosVillegas, respondiendo a las críticas que hablan de confiscación. Ayer, la AFP Futuro informó que entregará las acciones reclamadas por el Estado pero reservándose el derecho de acudir a los tribunales.

La gira europea del mandatario indígena volvió a poner a Bolivia en un inusual centro de la escena internacional. “Bolivia volvió a existir en el mapa”, se entusiasmaban esta semana en el entorno de Evo Morales, y alguien recordó cuando Bolivia dejó de existir para la reina de Inglaterra. Reza la leyenda que el dictador Mariano Melgarejo (1864-1870) invitó a su residencia al embajador de Inglaterra y le convidó con un vaso de chicha, y que, al no aceptar éste la invitación, lo paseó como castigo sobre un burro, montado al revés, por las calles de La Paz. Al enterarse, la reina Victoria en un acceso de cólera pidió un mapa de América del Sur, dibujó una cruz sobre el mapa de Bolivia y sentenció: “Bolivia no existe”. Y esa crónica invisibilización de este país andino-amazónico estaría concluyendo ahora, de la mano del nacionalismo indígena.

Los coletazos de la nacionalización compartían ayer cartelera con los anuncios sobre la decisión gubernamental de “acabar con el latifundio improductivo”. El marxista alemán Karl Kautsky fue traído a la escena por García Linera para justificar los anuncios gubernamentales que están provocando inquietud entre los grandes propietarios de tierra del Oriente boliviano. “La revolución de 1952 intentó potenciar la vía farmer pero la terca realidad, la persistencia del comunitarismo, la hizo fracasar; en los últimos 20 años, el modelo neoliberal intentó la vía del capitalismo gangsteril agrario en beneficio de los grandes hacendados pero esa vía junker también fracasó”, señaló el sociólogo-vicepresidente al justificar la entrega de tierras improductivas a las comunidades campesinas e indígenas. En diálogo telefónico con este diario desde Cochabamba, el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, señaló que el anuncio corresponde a un proyecto de ley para posibilitar la “reversión de los latifundios que no cumplan la función económica social” y a un decreto para distribuir inmediatamente las tierras fiscales entre los comunarios.

Los sectores empresariales mostraron su inquietud. El presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz, Jorge Prestel, dijo que los anuncios “no sólo ahuyentan la inversión extranjera sino también la inversión local” y reclamó seguridad jurídica y que se le ponga nombre y apellido a los latifundistas, “si es que los hubiera”.

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