En un nuevo giro del polémico debate inmigratorio, el Senado votó designar el inglés como el “idioma nacional” de Estados Unidos y prohibir ordenanzas y servicios del gobierno federal en cualquier idioma que no sea ése. La votación de 63 contra 34 de una enmienda propuesta por el republicano de Oklahoma James Inhofe dividió al Senado en grandes líneas partidarias, con sólo 9 de 44 demócratas votando a favor y un solo republicano votando en contra.

La enmienda es principalmente simbólica y puede que no se incluya en la ley inmigratoria que eventualmente emerja del Senado –aún menos en la versión final que debe ser compatibilizada con la de la Cámara de Representantes para ser enviada para la firma del presidente George W. Bush–. Pero en un confuso debate las pasiones escalaron, con el líder de la minoría demócrata, Harry Reid, calificando a la enmienda como “racista”, y Ken Salazar, un demócrata de Colorado de ascendencia hispana, llamándola “divisiva” y “antiamericana”. La medida no sólo invalida cualquier reclamo de servicios multilingües en el futuro, sino que también estipula exámenes rigurosos para asegurar que futuros ciudadanos tengan un sólido conocimiento tanto del idioma inglés como de la historia norteamericana.

Embarrando la situación aún más, el Senado luego aprobó por 58 votos contra 39 una enmienda más moderada que declara al inglés simplemente como el “idioma unificador de Estados Unidos”. Sin embargo, queda clara una cosa. El furor sobre las propuestas del idioma son aún más evidencia de cómo el mensaje a la nación de Bush de esta semana, en el cual propuso un “término medio sensato”, ha fallado en tender puentes entre los dos bandos. En su discurso del lunes, el presidente anunció el envío de 6000 efectivos de la Guardia Nacional para fortalecer los controles a lo largo de la frontera con México, pero también urgió a la elaboración de un mecanismo que permita a los inmigrantes ilegales de larga data regularizar su posición y eventualmente solicitar la ciudadanía.

El objetivo era ofrecer suficientes palos para apaciguar a los conservadores y suficientes zanahorias para satisfacer a la comunidad pro-inmigración –y así consolidar el apoyo entre los hispanos, a los que los estrategas republicanos ven como una parte clave para lograr una mayoría del partido a largo plazo en la política estadounidense–. Pero la derecha republicana aún está furiosa con lo que considera como “amnistía” con otro nombre y los líderes del partido en la Cámara de Representantes han jurado bloquear cualquiera de esas iniciativas. Sin embargo, la medida bipartidaria que está ahora bajo debate en el Senado habilita un programa de trabajadores temporarios –con un tope de 200.000 por año– y otorga la posibilidad a los inmigrantes ilegales que han estado en el país por lo menos cinco años de embarcarse en el camino de la ciudadanía.

En tanto, los que apoyan a los inmigrantes están cada día más preocupados por la inclinación del debate hacia la derecha. El Senado aprobó una enmienda aparte esta semana apoyando la construcción de una larga “valla” de 600 kilómetros a lo largo de la frontera, mientras la movida para designar formalmente el inglés como el “idioma nacional” estadounidense es vista como otra táctica de los enemigos de la inmigración para reforzar la ley final. A pesar de ello, la versión final del Senado es mucho menos dura que la medida aprobada por la Cámara de Representantes, que no contiene ningún procedimiento que lleve a la ciudadanía, convertiría a la frontera en una zona casi militarizada e impondría sanciones más duras para los inmigrantes ilegales y aquellos que les dan trabajo.

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.

Traducción: Virginia Scardamaglia.