Comenzó en 1990 como una reivindicación de los indígenas del oriente boliviano, se convirtió en la principal consigna de los movimientos sociales con la “guerra del gas” de 2003 y hoy es parte de las “promesas cumplidas” del presidente Evo Morales: el próximo domingo los bolivianos elegirán a los 255 integrantes de la Asamblea Constituyente en un acto en el que también dirán sí o no a las autonomías reclamadas por el rico departamento de Santa Cruz, en el este del país. Sin embargo, la campaña electoral está lejos del debate constitucional: la oposición llama a decirle “No a Hugo Chávez”, a quien acusa de querer digitar la constituyente. “No permitamos que nos sometan con la chequera venezolana”, declaró días atrás el ex presidente interino Jorge “Tuto” Quiroga, que paradójicamente utiliza como color partidario el mismo rojo furioso del venezolano.

La última denuncia, del candidato de Unidad Nacional Samuel Doria Medina, habla de que la petrolera estatal venezolana Pdvsa “paga la campaña del MAS”. Desde el gobierno dicen que se trata de propaganda institucional de la empresa –en la que aparecen Hugo Chávez, Fidel Castro y Evo Morales– y que la campaña se paga con fondos de la Corte Nacional Electoral.

Por su parte, el oficialismo convoca a plebiscitar la gestión de Morales con la consigna “Evo presidente, el pueblo constituyente”, en spots publicitarios. En esos avisos habla de las acciones desplegadas en sus cinco meses de gobierno, como “la nacionalización de los hidrocarburos, la austeridad, la estabilidad laboral, la redistribución de la tierra, la alfabetización y la atención gratuita en salud”.

A una semana de la elección, que Morales define como más importante que la que la que lo llevó al Palacio Quemado en diciembre de 2005, reina la apatía popular. El mandatario dice que necesita la reforma, ya que está “limitado por las leyes neoliberales”, y la constituyente es el paso necesario para “ser poder y refundar el país”. Sin embargo, el proceso parece haber avanzado de la utopía de “cambiar todo” a la realpolitik de constitucionalizar y blindar los cambios nacionalistas introducidos por decreto por Evo Morales en casi medio año de gestión.

De las difusas posiciones iniciales que buscaban la elección “por usos y costumbres” (asambleas comunitarias) –y no bajo las reglas de la democracia liberal– se pasó al enfrentamiento clásico entre un bloque de izquierda y uno conservador, estructurados en torno del Movimiento al Socialismo (MAS) y al Poder Democrático Social (Podemos).

La ley convocatoria es el resultado de un acuerdo con la oposición política y regional –la ley de convocatoria requiere dos tercios–, que establece varios candados a los cambios radicales: las decisiones deberán ser tomadas por dos tercios de los constituyentes, mientras que el sistema electoral aprobado –que combina representaciones por circunscripción y por departamento– hace virtualmente imposible que el oficialismo alcance ese número de bancas. Tampoco se modificará la actual geografía político-administrativa boliviana, descartando las propuestas de división y creación de nuevos departamentos (como el del Gran Chaco reclamado por esa región de Tarija rica en gas) o autonomías étnico-culturales como las que pregonaba el actual vicepresidente, Alvaro García Linera, en sus escritos como sociólogo político. “Al preguntarse en el referéndum por sí o no a las autonomías departamentales se congela una división territorial del país –los departamentos (provincias)– en beneficio de los sectores elitarios del oriente”, dice un analista político cercano al gobierno.

Entre las propuestas del oficialismo está la separación de la Iglesia y el Estado, la elección popular de los jueces, la introducción de mecanismos de la justicia comunitaria y la propiedad estatal de todos los recursos naturales. Paralelamente, se establece la posibilidad de revocatoria del presidente y vice. El anuncio de Evo Morales indicando que meterá en el sobre la boleta del No “a las autonomías de la burguesía” significa que el líder cocalero está dispuesto a meterle el acelerador al enfrentamiento con las élites cruceñas, frente a la posición de García Linera a favor de una salida pactada y de una guerra de posiciones de largo aliento. “Quienes propugnan el Sí quieren parcelar y dividir en nueve partes al ejército y a las fuerzas del orden. El gobierno no permitirá el descuartizamiento de la Policía Nacional ni de las Fuerzas Armadas”, dijo el jefe de Estado en un acto por el 180º aniversario de la policía. Poco después el vicepresidente Alvaro García Linera vivió la calentura preelectoral en carne propia, cuando un grupo de jóvenes autonomistas radicalizados apedreó su helicóptero en la localidad cruceña de San Miguel de Velasco.

Pocos dudan de que el eje de la batalla constitucional –que durará entre seis meses y un año– será la pelea regional: el referéndum dirá sí o no a la autonomía en cada departamento, pero la asamblea establecerá las atribuciones de los gobiernos regionales autónomos. Por el momento, en la dinámica constituyente boliviana el modelo chavista le viene ganando la batalla al de la “multitud constituyente” inspirado en el italiano Antonio Negri: en la visión del gobierno, la asamblea debe servir para consolidar la hegemonía del nacionalismo indígena y proyectar en el tiempo el poder de Evo Morales.