La abrumadora victoria del presidente Alvaro Uribe, en mayo, sumió a toda la oposición colombiana en un clima de incertidumbre y paranoia. La reelección de Uribe permitirá una concentración de poder mucho mayor que en su primer período, y tanto el Partido Liberal (PL) como el Polo Democrático Alternativo (PDA) no esconden su miedo a una nueva reforma política que permita la continuidad del presidente en el gobierno. De ahí que, dos semanas atrás, cuando un asesor de Uribe dijo en una entrevista que Colombia se dirigía a un sistema parlamentario, todo el arco opositor se apuró a rechazar y denunciar la propuesta por considerarla un intento encubierto del presidente para perpetuarse en el poder. La idea de implantar un régimen parlamentario no es nueva en Colombia. Sin embargo, desde el ámbito académico coinciden en que las condiciones institucionales y culturales todavía no están dadas.

A pesar del alboroto mediático que causaron las declaraciones del consejero presidencial Fabio Valencia Cossio al diario colombiano El Tiempo, la propuesta hasta ahora no ha sido formalizada. En la entrevista, Valencia Cossio aseguraba que la Constitución de 1991 –la primera en expandir las garantías y los derechos individuales– y las reformas electorales de 2003 habían establecido algunas características propias de un sistema parlamentario. El consejero presidencial hizo énfasis en dos: la moción de censura y la ley de bancadas. En el primer caso, se refiere a la capacidad del Congreso de remover a los ministros. En el segundo, a una reforma para disciplinar a los partidos en el Congreso, por ejemplo, a través de la figura del vocero de bancada, que sería la voz autorizada del grupo parlamentario.

Nada de esto se ha aplicado todavía, ya que el nuevo Congreso recién asumirá el próximo 20 de julio. Por eso, Alexander Reina, coordinador del Observatorio Electoral de la Universidad Nacional con sede en Medellín, asegura que las reformas no están lo suficientemente maduras. “La instauración de la reforma política que exige a los partidos un comportamiento más coherente y organizado es aún muy reciente como para decir que nuestro sistema político se prepara para un cambio de este tipo”, le explicó a Página/12 el analista del Instituto Popular de Capitación (IPC). Jaime Castro, un reconocido abogado constitucionalista y varias veces ministro y senador por el PL, coincidió en esta mirada escéptica. “La ley de bancadas no es un argumento suficiente”, afirmó a Página/12 Castro. Para el ex constituyente en la reforma de 1991, el sistema de bancadas disciplinadas no es monopolio de los regímenes presidenciales, sino que puede convivir e, incluso, tener efectos positivos en un presidencialismo.

El izquierdista Carlos Gaviria, quien fuera el principal rival de Uribe en las últimas elecciones presidenciales, resumió la postura de todo el arco opositor. “En abstracto, el régimen parlamentario es bueno y hemos apoyado esa idea. Pero, si como parece ahora, es un mecanismo para que el presidente Uribe se perpetúe en el poder, no es muy atractivo”, explicó el ex profesor de Derecho del actual mandatario.

Reina propone otra interpretación. “Alvaro Uribe representa el regreso a la Constitución de 1886 y por ello han tratado de atacar la columna vertebral de la de 1991, la filosofía del Estado Social de Derecho, es decir, un Estado garantista no sólo en materia de derechos civiles, sino también en materia de derechos económicos, sociales y culturales”, asegura el analista político del IPC. Esa sería la intención de la reforma de 2003 y quizá de una eventual reforma constitucional de aún mayor envergadura, como la que se está discutiendo ahora.