La Concertación chilena no se rinde e insiste en la reforma del sistema electoral. El gobierno de Michelle Bachelet volvió a introducir el debate sobre la modificación del sistema binominal, instaurado por la dictadura pinochetista y que favorece la sobrerrepresentación de la derecha. Los gobiernos concertacionistas anteriores intentaron realizar innovaciones, pero no tuvieron éxito. Esto no desalienta a la coalición de centroizquierda, que destina gran parte de sus energías actuales a la presentación de un proyecto de ley en el Parlamento.

Esta no es la primera propuesta de modificación constitucional que presenta la Concertación. El año pasado se aprobaron importantes enmiendas a la Constitución autoritaria de la dictadura del general Augusto Pinochet. Las modificaciones devolvieron al presidente la potestad para cambiar a los jefes de las Fuerzas Armadas, se eliminaron los diez senadores designados institucionalmente y se convirtió al Consejo de Seguridad Nacional en un órgano consultivo, pasando las Fuerzas Armadas a ser solamente asesoras. Además, se bajó de seis a cuatro años la duración del mandato presidencial.

La modificación del sistema electoral supone seguir el camino planteado por la reforma del 2005. En el sistema binominal, si el mayor de los partidos minoritarios recibe al menos el 33,4 por ciento de los votos en cada circunscripción, tiene asegurada la mitad de los escaños. Los estrategas de Pinochet fueron inteligentes, ya que anticiparon que los partidos de derecha quedarían en segundo lugar en las elecciones. Con el binominal, se aseguraron un empate de bancas con la Concertación. Las críticas son varias. El sistema no permite la entrada de terceros partidos al Parlamento, las elecciones son predecibles, hay escasa competencia por los pactos entre coaliciones y hay una fuerte discordancia entre tamaño de población y número de escaños.

La eliminación del sistema binominal ha sido una importante bandera de lucha de la Concertación. Durante los tres gobiernos anteriores se presentaron proyectos que modificaban ciertos aspectos, pero se toparon con la oposición de la derecha. “Hay sectores que sienten que la reforma electoral es una causa perdida”, afirmó la politóloga Marcela Ríos Tobar, coordinadora del Programa de Estudios de Gobernabilidad de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso-Chile). “Otros sectores consideran que es una batalla difícil, pero esencial para la calidad de la democracia”, indicó Ríos en diálogo telefónico con Página/12.

El gobierno de Bachelet busca introducir dos modificaciones a la Constitución: aumentar el número de parlamentarios (de 38 a 50 senadores, y de 120 a 150 diputados) y cambiar el sistema electoral binominal a uno proporcional. Este sistema haría posible la entrada al Parlamento de Juntos Podemos Más, la coalición de izquierda que incluye a comunistas y humanistas, que obtuvo más del cinco por ciento de los votos en la última elección, pero ninguna banca.

La aprobación de la reforma tal como la plantea el gobierno parece muy difícil. Para modificar la Constitución se necesita la aprobación de 4/7 del Parlamento, es decir, el 63 por ciento de los parlamentarios. La Concertación cuenta con aproximadamente el 52 por ciento de las bancas, por lo que está obligada a negociar la reforma con la derecha. Como era de esperarse, esa coalición rechaza cualquier intento de modificación al sistema binominal. La negociación se llevará adelante de todas formas. “Va a ser una pelea política muy fuerte”, aseguró la politóloga Ríos, además de afirmar que, si efectivamente se producen modificaciones, éstas serán muy tibias. “El tema no se va a resolver rápidamente, sino en varios meses”, coincidió Guillermo Holzmann, del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Chile.