Por M. E.
Desde Washington
Mientras la Corte Penal Internacional se hacía realidad en La Haya, los diplomáticos extranjeros trataban de permanecer optimistas en que los norteamericanos pronto dejarían su posición y se les unirían en su operación. Pero la ausencia de Estados Unidos es vista por los analistas en Washington como algo más profundo que una simple aberración de la administración Bush, y que en cambio refleja una postura de la filosofía política norteamericana que puede rastrearse hasta George Washington. Como tema, la Corte ni siquiera está en la pantalla radar de la política de Estados Unidos, y apenas merece una mención salvo en los diarios elitistas. “Si le preguntan a alguien a quince kilómetros de Washington por la CPI (Corte Penal Internacional), creerán que es una de las últimas bandas pop”, dijo James Lindsay del Brookings Institution. Ayer, Israel también rechazó el establecimiento de este tribunal.
Pero el desagrado por la Corte es más profundo en aquellos interesados. Las intenciones del presidente Bush están en contra de cuerpos internacionales de ese tipo, y la política actual afirma que hay pocos motivos para que él cambie de parecer. Este es un tema sobre el cual no hay una división internacional entre los dos tradicionales antagonistas burocráticos; el Departamento de Estado y el de Defensa. Dentro de la administración, el líder intelectual de la oposición al CPI se cree que es John Bolton, el subsecretario de Estado, que en enero del año pasado, apenas quince días antes de que asumiera la administración Bush, lanzó un ataque público a la decisión del presidente Clinton de firmar un tratado creando la Corte. Dijo que la movida era “injuriosa así como solapada” y que la Corte sería “objeto de ridículo internacional y de futilidad politizada”. Añadió: “Los partidarios del CPI tienen una agenda no establecida, que descansa en el fondo en el deseo de asegurar la primacía de las instituciones internacionales sobre los Estados-nación”.
Hasta Clinton, empujado por los republicanos, dijo que no recomendaría la ratificación pero sostuvo, en una táctica afín a las relaciones británicas con las instituciones europeas, que firmarlo le permitiría a Estados Unidos influir en el desarrollo de la Corte. Ahora, los demócratas del Congreso, presintiendo que no hay ventajas en el tema, están casi en silencio cuando los de derecha aplauden su oposición.
“Existe una creencia profundamente asentada y sostenida en el Partido Republicano de que la seguridad de Norteamérica depende de despreciar las represiones a la libertad norteamericana”, dijo Lindsay. “Esta es una opinión mundial que seguramente puede ser rastreada en Theodore Roosevelt, y hasta en la advertencia de George Washington de que el país debería evitar enredos extranjeros. Esta característica del pensamiento político estuvo en gran parte adormecida durante 40 años a raíz de la Guerra Fría. Ahora nuevamente está vigente.”

* De The Guardian de Gran Bretaña. Especial para Página/12.
Traducción: C.D.