Alan García, que el 28 de julio asumiera por segunda vez la presidencia del Perú, se ha puesto a la cabeza de una cruzada para reponer la pena de muerte para los violadores de niños, abolida en 1980. En ese empeño se ha enfrentado a varios de sus ministros y a la casi totalidad de constitucionalistas y juristas del país. Los magistrados que se encargarían de aplicar la letal sanción también se oponen a la medida y advierten que se podría ejecutar a inocentes. La Iglesia Católica no se ha pronunciado oficialmente. Página/12 supo de una fuente eclesiástica que la Conferencia Episcopal peruana está discutiendo un pronunciamiento sobre el tema y que la opinión mayoritaria sería contraria a la pena de muerte. Algunos influyentes obispos se han adelantado al pronunciamiento oficial de la Iglesia y públicamente se han declarado en contra de la medida.

Pero donde García sí ha encontrado apoyo a su drástica propuesta es en una opinión pública atemorizada por el crecimiento de la delincuencia y enfrentada cotidianamente al macabro espectáculo, difundido en primeras planas y espacios estelares por los medios de comunicación, de niños violados y asesinados. En lo que va del año, 23 niños han muerto luego de ser ultrajados sexualmente. Mientras se debatía el tema de la pena de muerte apareció el cadáver de un niño de dos años que había sido violado por un adolescente de 16 años. En el país hay 3981 presos por el delito de violación. Actualmente, la violación de niños se sanciona hasta con cadena perpetua, pero solamente una persona ha recibido esa sentencia. Según un sondeo de la encuestadora Apoyo, un 82 por ciento de la población respalda la propuesta de García sobre la pena de muerte.

“Esa gente (los violadores de niños) no tiene derecho a vivir y la sociedad tiene que defenderse de ellos reinstaurando la pena de muerte”, aseveró García, al momento de lanzar su cruzada. El presidente peruano justificó la medida en la necesidad de proteger a la niñez y darle mayor seguridad a la población. Sin embargo, juristas, magistrados y expertos en temas de seguridad ciudadana han coincidido en recordarle que en el mundo ha quedado demostrado que la pena capital no tiene efectos disuasivos, por lo que su aplicación no disminuiría las violaciones. Incluso la ministra de Justicia, María Zavala, quien antes de asumir el cargo fue presidenta de la Corte Superior de Lima, dijo que la pena capital era ineficaz y criticó la propuesta presidencial. Otros cinco de los 16 ministros también se pronunciaron públicamente en contra de esa medida. El canciller, José Antonio García Belaúnde, aseguró que de aprobarse la propuesta de García la imagen internacional del Perú se vería seriamente perjudicada. Las críticas de sus ministros irritaron a García. Ha trascendido que en un reciente Consejo de Ministros les llamó severamente la atención y los calificó de desleales por contradecirlo públicamente.

Ante las críticas a la pena de muerte, la primera dama, la argentina Pilar Nores, decidió romper su habitual silencio en temas vinculados a la gestión gubernamental para salir en defensa de la propuesta de su esposo. “Quienes critican la pena de muerte para los violadores lo hacen porque son hombres. Un violador es irrecuperable y por eso hay que aplicarle la pena de muerte”, aseguró Nores. La argumentación de género que ensayó Nores desconoce que buena parte de los críticos a la pena de muerte, incluyendo tres ministras, son mujeres.

La Constitución peruana permite la pena de muerte solamente para el delito de traición a la patria en caso de guerra externa. Ampliarla al delito de violación a menores obligaría al Perú a salirse de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que prohíbe a los países que la integran la ampliación de la pena capital a nuevos delitos. “La CIDH ya ha demostrado su eficacia para defender los derechos humanos y salirnos de ese organismo sería muy grave porque nos dejaría a todos los peruanos sin su protección para defendernos de las violaciones a los derechos humanos”, declaró a Página/12 Francisco Soberón, director de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh). La CIDH anuló la ley de amnistía dada por el gobierno de Alberto Fujimori para los violadores de derechos humanos y ha ordenado al Estado peruano juzgar crímenes de lesa humanidad que habían sido archivados por la Justicia peruana. “Salirnos de la CIDH podría afectar la extradición de Fujimori, porque si se produce alguna traba en el proceso no tendríamos dónde recurrir para solicitar una apelación”, ha advertido la decana del Colegio de Abogados de Lima, Greta Minaya. Desde el fujimorismo ha llegado el respaldo más entusiasta a la propuesta de restaurar la pena de muerte y a la posibilidad del retiro de la CIDH.

García presentará su propuesta al Congreso, donde, por tratarse de una reforma constitucional, necesitará el apoyo de 81 de los 120 congresistas en una doble votación. En este tema las bancadas parlamentarias no tienen una posición homogénea y dividirán sus votos. Incluso García no tiene seguros los 36 votos del oficialismo, aunque espera poder imponer la disciplina partidaria para conseguir el apoyo de su bancada. El trámite será largo y los expertos estiman que de aprobarse, la pena de muerte no entraría en vigencia antes de dos o hasta tres años. Mientras tanto, García está seguro de que gana puntos de popularidad sintonizando con las reacciones más primarias de una población temerosa por la creciente inseguridad que vive el país.