El gobierno italiano aprobó un decreto que garantiza la privacidad de los ciudadanos víctimas de escuchas telefónicas ilegales, ordena la destrucción de carpetas de datos y contempla multas para quienes las publiquen. El decreto fue aprobado en medio del escándalo desatado tras descubrirse una gigantesca red de escuchas ilegales, vinculada a Telecom Italia, que ha llevado a la cárcel a una veintena de personas, entre ellas el antiguo jefe de seguridad de Telecom Giuliano Tavaroli. La red espió a miles de personas, entre ellas políticos, financieros, famosos y periodistas. Según la fiscalía de Milán, constituía un “evidente instrumento de presión y amenaza”. Ante la magnitud del escándalo, el Ejecutivo aprobó por vía de urgencia el decreto. El mismo cuenta con el apoyo de la oposición conservadora, dispuesta a aprobar la ley siempre que respete “verdaderamente la privacidad de los ciudadanos”. El decreto establece que el contenido de las interceptaciones ilegales no puede constituir en ningún caso prueba para utilizar en juicios y tienen que ser destruidas inmediatamente. Además, las multas para quienes publiquen datos de las escuchas pueden llegar hasta el millón de euros.