Dos meses después de haber asumido el gobierno, Alan García ya ha debido enfrentar las primeras huelgas y movilizaciones de protesta en su contra. En un marcha que sorprendió a los miembros del gobierno, que esperaban una participación más bien escasa pero se encontraron con miles de manifestantes en las calles, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la mayor central sindical del país y que históricamente ha estado vinculada al Partido Comunista, encabezó hace una semana, con marchas en Lima y las principales ciudades del país, la primera protesta sindical contra el gobierno de García. Los sindicatos acusan a García de incumplir sus promesas electorales de cambiar el modelo económico neoliberal y de restituir los derechos laborales que el gobierno de Fujimori (1990-2000) eliminó, y de haberse aliado con los empresarios y la derecha. El sindicato portuario paralizó los puertos con una huelga que duró una semana y que se solucionó hace dos días luego de una negociación que derivó en un aumento del pago a los estibadores. Esa negociación fue criticada por los sectores más derechistas del gobierno. Los trabajadores del sector de salud también se han movilizado exigiendo mejoras salariales.

“La protesta no se justifica. El gobierno apenas tiene dos meses”, reaccionó el primer ministro, Jorge del Castillo. Pero el oficialismo no se ha limitado a las declaraciones y ha contraatacado presentando en el Congreso un proyecto de ley que apunta directamente contra la dirigencia sindical. Este proyecto pretende obligar a los sindicatos a que sus dirigentes sean elegidos por voto directo y secreto de todos sus afiliados y no por el actual sistema de delegados. Lo paradójico es que la actual directiva del partido aprista, cuyo secretario general es el primer ministro Del Castillo, ha sido elegida con el sistema del voto por delegados que ahora el oficialismo cuestiona como antidemocrático. La CGTP ha rechazado el proyecto y ha acusado al gobierno de pretender intervenir en los sindicatos para desestabilizar a su dirigencia. Esto ha tensado aún más la relación entre el gobierno y los sindicatos.

“Con esta marcha le hemos recordado al gobierno que el pueblo votó por el cambio, lo que se expresó en la votación por Humala y por el propio García en primera vuelta, y que si insiste en mantener el modelo neoliberal entonces las protestas continuarán y crecerán”, le señaló a Página/12 Juan José Gorriti, secretario general de la CGTP. “García no va a implementar las reformas al modelo económico que demanda la población y que él ofreció, y eso le puede crear serios problemas”, le declaró a este diario Alberto Adrianzén, analista político y columnista del diario La República. “La marcha de la CGTP anuncia una revitalización del movimiento sindical y social, y el inicio de una oposición en las calles al gobierno,” opina Carlos Reyna, politólogo de la Universidad Católica.

Durante la campaña electoral García ofreció crear un impuesto a las sobreganancias de las empresas mineras, pero una vez electo cambió esa propuesta por un “aporte voluntario” pactado con las empresas. También anunció la rebaja de las tarifas de los privatizados servicios públicos, pero ahora asegura que el Estado no debe intervenir en ese tema. Luego de cuestionar duramente el modelo neoliberal durante la campaña electoral, García optó por connotados defensores del neoliberalismo para los puestos claves del manejo económico, comenzando por su ministro de Economía, Luis Carranza, un neoliberal de línea dura. Para la presidencia del Banco Central de Reserva (BCR) ha escogido al economista Julio Velarde, que fuera jefe del plan de gobierno de la derechista Lourdes Flores, y como directores del BCR ha designado a prominentes personajes ligados a la derecha económica, incluido un ex ministro fujimorista. Y como para coronar el pastel, García también ha incorporado a su gobierno al empresario Arturo Woodman, que fue candidato a la vicepresidencia en la fórmula de Lourdes Flores y cuyos vínculos con el fujimorismo y con el mayor grupo económico del país fueron duramente criticados por el propio García durante la campaña electoral. Con todos estos datos en la mano, los sindicatos salieron a las calles. García disfruta todavía de una alta popularidad –alrededor del 70 por ciento, según las encuestadoras—, pero le ha salido al frente una oposición sindical a la que no esperaba ver tan pronto en las calles.