El “Operativo Oaxaca” está en marcha. La noche del lunes, el secretario de Gobernación afinaba los últimos detalles para presentar ayer al gabinete de seguridad del presidente Vicente Fox un plan que contempla el envío de fuerzas federales a la capital de ese estado, como una suerte de solución “intermedia”, en la que supuestamente pretenden reestablecer el orden sin llegar a enfrentamientos con la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO), la cual desde anteanoche se mantiene en “alerta roja” y reforzó sus barricadas en el centro de la ciudad. La escalada de violencia preocupa ya a organismos internacionales, como la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), que ayer solicitó al gobierno mexicano se abstenga de hacer uso de la fuerza pública para solucionar la crisis en el estado. En contradicción –algo frecuente a lo largo de la administración foxista–, el vocero presidencial insistió en que el gobernador del estado Ulises Ruiz no ha solicitado formalmente el uso de la fuerza pública en Oaxaca y se negó a comentar los planes que prepara la Secretaría de Gobernación.

El ultraconservador Carlos Abascal, responsable de la seguridad interior del país, se reunió el lunes por la tarde con dos ex gobernadores priístas de Oaxaca, Heladio Ramírez López (dirigente de la priísta Confederación Nacional Campesina) y Diódoro Carrasco (quien fue secretario de Gobernación del último presidente priísta, Ernesto Zedillo, y hoy es diputado federal del derechista PAN), con quienes habría discutido las opciones de intervención policíaca. El objetivo del “Operativo Oaxaca”, según el diario La Jornada, es restablecer la normalidad en el centro de la ciudad e inhibir las barricadas en el centro histórico. Supuestamente, se reactivaría también una “comisión de incidencias” para evitar hechos de violencia, en la que participaría la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Pero esto, más que presentar visos de distensión, encrespó aún más a los actores del conflicto. La APPO reforzó desde el lunes su capacidad de choque ante la inminente represión, mientras la iniciativa privada anunció un paro general de actividades de 48 horas, a partir del primer minuto de hoy, además de que cámaras empresariales iniciaron los trámites para dar de baja del Seguro Social a miles de trabajadores, como medida de protesta “contra la pasividad de los tres niveles de gobierno ante la situación de secuestro en que se mantiene esta entidad”.

Por su parte, la FIDH expresó su preocupación por los preparativos gubernamentales ante lo que calificó como una “profunda crisis de legalidad de las instituciones” y cuestionó al Poder Judicial del estado –bajo control del gobernador Ulises Ruiz–, por “criminalizar a los opositores sociales mediante la vía de la fabricación de pruebas”. Esta organización de derechos humanos realizó una misión de observación la semana pasada, la cual recomendó la creación de una comisión que analice “con sumo detenimiento las demandas planteadas por las organizaciones de la sociedad civil oaxaqueña y nacional”.

En tanto, la marcha de integrantes de la APPO hacia la Ciudad de México se encontraba ayer cerca de los linderos con el estado de Puebla, última entidad que deberán cruzar para llegar al Distrito Federal, donde el jefe de gobierno, Alejandro Encinas, ha insistido en que el gobierno federal debe encontrar ya una salida política al conflicto para evitar que se traslade a la capital del país. En cualquier caso, ayer anunció que no impedirá el plantón de los manifestantes oaxaqueños mediante el uso de la fuerza pública. “Aquí la policía no dispara contra la población”, sostuvo.