Ante los reiterados llamados de la iniciativa privada y del viejo PRI en Oaxaca para que el gobierno federal envíe a la fuerza pública, el presidente Vicente Fox advirtió ayer nuevamente que “nada justifica la agresión a la ciudadanía, el secuestro de la vida pública, el cierre de los centros de trabajo e impedir que nuestros niños acudan a clases”, aunque ofreció “prudencia” y “responsabilidad” para hacer respetar la ley. Pero su partido, el PAN, ya no está tan seguro de que la represión sea el mejor escenario para el final del gobierno de Fox, por el clima con el que arribaría al poder su sucesor, Felipe Calderón, y varios dirigentes nacionales advirtieron ayer que la Secretaría de Gobernación debe privilegiar el diálogo, sin recurrir “al extremo del uso de la fuerza pública”. Incluso el coordinador de los diputados federales panistas, Jorge Zermeño, que llevaba semanas haciendo una férrea defensa del gobernador priísta Ulises Ruiz, ahora plantea que el mandatario local debería considerar su eventual renuncia al cargo para solucionar el conflicto.

Es que el riesgo de una toma militar de la capital Oaxaca sigue en pie, con la movilización de infantes de marina en las costas e internándose tierra adentro, además de la concentración de elementos paramilitares de la Policía Federal Preventiva en los alrededores del principal aeropuerto del estado. Sin embargo, la estrategia gubernamental para obtener el apoyo de sectores conservadores y grupos políticos y empresariales del estado para justificar una intervención militar no logró concretarse el pasado miércoles, cuando el secretario de Gobernación pretendía la firma de un consenso para disolver el conflicto. El pintor Francisco Toledo –invitado al acto junto con otros intelectuales– se presentó acompañado de indígenas de por lo menos cuatro etnias, quienes remarcaron que no habrá solución mientras se sostenga como gobernador a Ulises Ruiz. Además, ni la APPO ni los maestros de la sección 22 acudieron a la cita en gobernación por “falta de garantías” y tuvieron que ser recibidos ayer en una mesa especial, con la mediación de Samuel Ruiz, quien era obispo de San Cristóbal de las Casas durante el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994.

La propia Iglesia Católica advirtió que el uso de la fuerza sólo provocará “la agudización del ancestral desorden social de marginación y pobreza” para la mayoría de la población oaxaqueña. Miembros de la Comisión Pastoral Social de la Conferencia del Episcopado mexicano cuestionaron las intenciones reales de la Secretaría de Gobernación y su pretendido “pacto”, pues “más que una mesa de negociación con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), invitan a una mesa de rendición”. Y alertaron: “Cuando los gobiernos no aciertan a dar respuesta a la justa demanda del pueblo, recurrir a la fuerza es más viable para ellos, justificándose en aras de establecer el orden y la seguridad”. En tanto, la tensión en Oaxaca no disminuye, y militantes de la APPO detuvieron en la madrugada de ayer a cinco personas que les dispararon poco antes de liberar una de las dos estaciones de radio que mantenían en su poder, a quienes entregaron semidesnudos horas después a las autoridades. Las barricadas en el centro de la capital cada día son reforzadas y se han concentrado en el centro histórico, mientras permanecen en “alerta máximo” ante el riesgo de una incursión de fuerzas de choque federales y preparan acciones de resistencia en varios municipios de las siete regiones que integran todo el estado y de las que provienen: la Mixteca, el istmo de Tehuantepec, la cuenca del Papaloapan, las sierras Mazateca, Norte y Sur, y los Valles Centrales se preparan para lo peor.