Marchas, enfrentamientos y cientos de detenidos: ayer se vivió un nuevo round de la batalla que estudiantes y carabineros vienen librando, con algunas interrupciones, desde mayo pasado. Pero el paro nacional convocado por los estudiantes secundarios, llamados “pingüinos”, por sus uniformes azules y blancos, no tuvo el acatamiento esperado. Si bien algunos de los colegios emblemáticos del centro de Santiago sintieron el faltazo de la mayoría de los estudiantes, no ocurrió lo mismo en otras zonas del país.

La jornada de movilizaciones estudiantiles registradas ayer en Santiago y otros puntos del país dejó un saldo de casi 370 detenidos. El objetivo del paro fue exigir la aplicación inmediata de medidas que mejoren la educación y cuestionar la dura represión sufrida esta semana por parte de los Carabineros, que desalojaron a los estudiantes de los colegios que estaban tomando. “Justificamos las movilizaciones porque si nuestros establecimientos estuvieron tomados fue para gestar algo realmente pacífico”, afirmó la dirigente estudiantil María Huerta. “El paro es un ultimátum. Es prácticamente una amenaza de lo que se puede venir si el gobierno no toma cartas en el asunto”, advirtió, por su parte, Maximiliano Mellado, presidente del Centro de Alumnos del Liceo Manuel Barros Borgoño.

Por su parte, el gobierno afirmó que seguía sin entender la actitud de los estudiantes, a la que calificó de “injustificada”. “No hay ninguna justificación para perder clase, no hay ninguna justificación para que estudiantes que quieren llegar a sus establecimientos educacionales se vean impedidos por grupos minoritarios, que en una acción violenta usurpan sus colegios”, afirmó la ministra de Educación, Yasna Provoste. “Estas actitudes no se justifican en estos momentos. Hemos dado cumplimiento total a los compromisos que tomamos, que son de corto alcance, pero que tienen un tremendo significado en el mejoramiento de las condiciones de nuestros estudiantes”, agregó.

En la capital, los principales enfrentamientos entre Carabineros y estudiantes se registraron debido al intento de los “pingüinos” de marchar hasta las oficinas de la Secretaría Regional Ministerial de Educación (Seremi). Las fuerzas especiales resolvieron dispersar a unos 500 alumnos con carros hidrantes y gases lacrimógenos. Los estudiantes respondieron con piedras y bombas de pintura contra los vehículos policiales. El dirigente Maximiliano Mellado cuestionó el operativo desplegado para evitar la llegada hasta la Seremi. “Es una lástima que el gobierno haga esto, que mande a las fuerzas policiales a hacer este tipo de cosas, si nosotros nada más estamos luchando por la educación. No ha habido ningún destrozo, ni un daño, sólo estamos marchando. Lo único que consiguen es que los estudiantes actúen más radicalmente”, indicó Mellado.

Los estudiantes hicieron ayer oídos sordos a los pedidos del gobierno. “Vamos a seguir hasta las últimas consecuencias”, afirmó la dirigente estudiantil y vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), María Jesús Sanhueza. “Jamás hemos estado cerrados al diálogo”, agregó en tono conciliador. Junto con el descontento por la lentitud del trabajo del Consejo Asesor y “sus propuestas vagas”, Sanhueza señaló que “una problemática grande que tenemos es la expulsión de nuestros compañeros”. Efectivamente, los problemas para los “pingüinos” se multiplicaron en los últimos días, ya que ahora no sólo se arriesgan a perder el año escolar o a que las clases se extiendan hasta enero, sino que algunos estudiantes se enfrentan a la cancelación de matrículas y expulsiones de sus liceos por participar de las protestas. El ejemplo más claro de ello fue el dado por el alcalde de Providencia, Cristian Labbé, quien resolvió expulsar a 44 alumnos del Liceo Lastarria después de que tomaran el establecimiento.

El presidente del Consejo Asesor para la Educación, Eduardo García Huidobro, se sumó a las críticas que realizó la ministra Provoste a las marchas pingüinas, calificándolas de “extemporáneas y sin objetivo claro”. “Hay cosas sobre las que se puede hacer ultimátum y otras que no”, indicó García Huidobro, dando como ejemplo las mejoras en infraestructura. “No tiene ningún sentido dar un ultimátum de diez días para una comisión que tiene programado el final de su trabajo para el 11 de diciembre”, agregó el presidente de la mesa asesora conformada por la presidenta Michelle Bachelet tras las fuertes protestas estudiantiles de mayo y junio pasados. Ese Consejo Asesor debe hacer propuestas para mejorar la educación, pero los estudiantes, que participan de la instancia, se quejan de la lentitud del trabajo.

Informe: Virginia Scardamaglia.