El balón regresó adonde el gobierno de Vicente Fox no lo quería: su propia cancha. Luego de que ayer el Senado de la República se negara a declarar la desaparición de poderes en Oaxaca, cualquier solución al conflicto que lleva ya más de cinco meses tendrá que salir de Los Pinos, ya sea a través de su torpe operador político –el secretario de la gobernación, Carlos Abascal– o de un despliegue de fuerza coordinado desde el gabinete de seguridad. Sin embargo, las opciones para la Presidencia de la República son cada vez más estrechas, en gran medida porque los senadores del PAN –el partido del presidente Fox y del presidente electo Felipe Calderón– optaron por refrendar el maridaje sumiso que sostienen con el PRI y unieron sus votos en la Comisión de Gobernación del Senado para sostener en el puesto al gobernador priísta Ulises Ruiz.

En tanto, los muertos los sigue poniendo la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que sufrió otra baja: un profesor fue asesinado a balazos el miércoles por la noche cuando salía de una reunión. Este es el segundo crimen en cuatro días, y suman ya nueve los homicidios registrados desde que estalló la crisis en ese estado, en mayo pasado; ocho de los asesinados militaban en las filas de los asambleístas, incluido un menor de edad. Los heridos se cuentan por decenas.

Ayer, el Senado aprobó por 74 votos a favor (los del PRI, PAN y Ecologistas) y 31 en contra (del PRD, PT y Convergencia) el dictamen elaborado por los priístas que niega la declaración de desaparición de poderes en Oaxaca y que se limita a reconocer que el Estado se encuentra sumido en la ingobernabilidad. En otras palabras, todos los senadores coinciden en que el gobernador priísta Ulises Ruiz no puede gobernar, pero dicen que los poderes Legislativo y Judicial sí operan. Por eso, los senadores del izquierdista PRD han anunciado que el próximo martes presentará una propuesta de juicio político contra Ulises Ruiz, en caso de que éste no presente voluntariamente una solicitud de licencia para separarse del cargo.

Ahora, el problema es nuevamente del gobierno federal. Pero la incapacidad política que ha caracterizado a la administración de Vicente Fox no augura eficacia para resolver por la vía de la negociación la mayor crisis que ha debido enfrentar a lo largo de seis años, y menos aun cuando le quedan solamente 41 días en el poder. Por el contrario, sobran los ejemplos de torpeza para encarar conflictos, como podría ser la huelga minera en Sicartsa y el desalojo de comerciantes en el pueblo de Atenco, que dejaron varios muertos este mismo año, e hicieron que el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, declarara en mayo pasado que el gobierno de Fox había obtenido para México un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) “con las manos manchadas de sangre”.

Ninguno de esos conflictos tenía los mismos alcances que la crisis en Oaxaca, pero terminaron mal cuando el gobierno federal se decidió por emplear la fuerza pública que incurrió en toda clase de excesos, incluso en asesinato.

Felipe Calderón no será ajeno a la responsabilidad por lo que ocurra, pues las decisiones últimas que adopte Fox se han discutido en su presencia durante las reuniones cada vez más frecuentes del gabinete de seguridad, integrado por las secretarías de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y Seguridad Pública, así como el Cisen (la policía política del gobierno) y la Procuraduría General de la República, en las que se barajan diversos escenarios de intervención policíaca y militar.

Nunca antes un personaje políticamente muerto había pesado tanto. El enquistamiento de Ulises Ruiz en la inoperante gubernatura de Oaxaca tendrá costos irreversibles para el PAN y para el PRI, pero los muertos siguen siendo de la APPO.