La crisis en Oaxaca se centró ayer en la figura del gobernador Ulises Ruiz, quien no sólo ha sido descalificado por todos los actores políticos para mantenerse en el cargo, sino que su retiro del poder es condición indispensable para resolver los conflictos de fondo que mantienen convulsionado a este estado desde hace cinco meses. Incluso fuentes de la Secretaría de Gobernación consideran que el mandatario oaxaqueño caerá “por su propio peso”, porque “no está actuando como debiera”. Así, lo que fuera la demanda principal de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y de los maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación –la salida de Ulises Ruiz– se ha convertido en un consenso que sólo es frenado por las maniobras priístas que lo han utilizado como moneda de canje para convertir en rehén de sus intereses al gobierno que encabezará el panista Felipe Calderón a partir del 1º de diciembre.

De la mano de las decisiones políticas que se tomen en las próximas semanas, la ingobernabilidad y violencia en Oaxaca mantiene abiertas las puertas de la represión, pese a los acuerdos entre la Secretaría de Gobernación y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) para que sea un funcionario civil federal el que se haga cargo de coordinar a las policías estatal y municipal en las tareas de seguridad pública. El escenario de desalojos violentos se reforzó ayer, luego de que el dirigente de la Sección 22, Enrique Rueda, anunció el regreso a clases antes de que finalice el mes, lo que provocó una andanada de críticas de militantes de la APPO que lo acusaron de traidor. Sin embargo, uno de sus dirigentes, Flavio Sosa, aclaró que respetarán las decisiones que tome el magisterio y que las relaciones con ellos “es tan buena como siempre”.

La aparente división entre asambleístas y maestros alentó a quienes reclaman el uso de la fuerza pública federal para desarticular el movimiento social que mantiene tomado el centro de Oaxaca y varios edificios públicos. Sin embargo, el vocero presidencial descartó ayer la intervención de la Policía Federal Preventiva, aunque fuentes de la Secretaría de Gobernación destacaron que cuentan con informes de inteligencia sobre los grupos que integran la APPO así como de sus planes, y cuentan ya con estrategias para desactivarlos luego del regreso de los maestros a las aulas. Esto genera preocupación en la izquierda, como lo expresa el senador perredista por Oaxaca, Salomón Jara Cruz, quien teme que “el día de mañana en Oaxaca veamos más sangre, más muertos y más violencia”.

No en balde, ayer el Subcomandante Marcos calificó a la APPO y el movimiento social oaxaqueño como “un ejemplo heroico para todo el país”, y advirtió que “si tocan a la APPO nos tocan a todos y la asamblea tendrá el apoyo incondicional por lo menos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional”. Otro grupo guerrillero que opera en la región, las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP), alertó a otros grupos armados clandestinos contra una posible represión en Oaxaca.

La permanencia de Ulises Ruiz en el poder y la amenaza latente de avasallar a la APPO hacen temer un baño de sangre, máxime cuando golpeadores priístas vinculados al gobernador oaxaqueño, alentados por el fallo del Senado, se aprestan para rebasar al gobierno federal panista y desde el miércoles pasado realizan ensayos de un supuesto ataque a las barricadas de la APPO para recuperar el centro de la ciudad y los edificios públicos ocupados por los asambleístas.

Para el secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza, ya no se puede eludir por más tiempo el clima de inseguridad que prevalece en Oaxaca, y anunció que están listas las medidas policiales, con mandos federales, para solucionar el problema que ha derivado en casi una decena de muertes violentas de integrantes de la APPO.