Más de dos millones de panameños tendrán hoy la posibilidad de decidir si se realizan las obras de ampliación y modernización del canal de Panamá. La consulta popular de voto optativo, en la que juega mucho el gobierno del presidente Martín Torrijos, pondrá en discusión si deben construirse otras dos esclusas al canal que comunica los océanos Pacífico y Atlántico, para sumarlas a las tres que ya funcionan. El resultado de la consulta será seguido con interés por Nicaragua, que ya anunció su intención de construir en un plazo de 11 años otro canal de 286 kilómetros, que lo atraviese a través del lago Nicaragua.

El canal, una de las principales fuentes de ingreso para Panamá y señalado como una de las maravillas de la ingeniería mundial, fue inaugurado en 1914 y en muchos sectores ya es obsoleto, lo que vuelve vital su modernización. Administrado por Estados Unidos desde su construcción y por 85 años, el canal pasó a manos de Panamá en 1999, según lo pactado en 1977 por los entonces presidentes Jimmy Carter y Omar Torrijos Herrera, padre del actual mandatario. A ese acuerdo se llegó después de una histórica lucha que encabezó Torrijos.

Una boleta verde para el “Sí” y una roja para el “No” definirán la suerte de la iniciativa que, aunque todos los sectores aceptan como necesaria, recoge el rechazo de vastos grupos, que cuestionan los costos del proyecto, la oportunidad y hasta los daños que provocará en el medio ambiente. Parte del debate pasa también por cómo se financiará la obra, que tendrá un costo de 5200 millones de dólares. El gobierno asegura que serán los propios usuarios los que la solventarán, pero algunos especulan con que los costos se vuelquen en impuestos que paguen los panameños.

Según los medios panameños, el “Sí” debería imponerse con holgura, pero no pocos funcionarios temen una sorpresa por la posibilidad de que el “No” funcione como voto castigo a la gestión del presidente Torrijos, que lleva algo más de dos años en el poder. El gobierno se esmeró por garantizar la transparencia de la consulta, y la OEA envió una misión de observadores a cargo del surinamés Albert Ramdin. Si el plan se aprueba, las obras podrían comenzar el año próximo y deberían estar terminadas en el 2014.