Los panameños dijeron que sí. En medio de un clima de apatía y ausentismo, la propuesta del gobierno para ampliar y modernizar el Canal de Panamá fue aprobada por una amplia mayoría. El resultado era claro al cierre de esta edición: 78,13 por ciento del Sí contra 21,87 por ciento del No (con más del 88 por ciento escrutado). Para el presidente Martín Torrijos esta victoria, sin embargo, no fue total. En primer lugar, por la poca motivación que generó en los más de dos millones de votantes el proyecto para construir otras dos esclusas en el pasillo marítimo que une el océano Pacífico con el Atlántico. El nivel de abstención habría alcanzado al 56 por ciento, una cifra muy superior a lo habitual. En segundo lugar, los líderes de la oposición –promotores del No– denunciaron irregularidades.

Con el resultado de ayer, el gobierno tiene luz verde para comenzar las obras, que costarán unos 5200 millones de dólares y terminarán, según lo programado, en el año 2014. El objetivo es construir un tercer juego de esclusas, lo que permitirá la circulación de buques del tipo pospanamax, que pueden llevar hasta 12 mil contenedores. Además, se prevé la modernización tecnología del canal, que ya tiene más de 90 años. Estos cambios se traducirán en mayores ingresos para el estado panameño, que podrá cobrar peajes más altos. Actualmente, esta infraestructura representa el 80 por ciento del PBI. Pero su importancia no es sólo nacional. A través de él pasa cerca del cinco por ciento del comercio mundial, por lo que la ampliación aprobada ayer será bienvenida por Estados Unidos –principal destino y origen de mercaderías que circulan por el canal–, Europa y Asia.

“Es un gran día para todos lo panameños. Hemos esperado más de cien años como república, para que seamos, nosotros mismos, los que decidamos el presente y el futuro del Canal de Panamá”, afirmó Torrijos, hijo del ex presidente Omar Torrijos, quien acordó en 1977 la renacionalización del canal con su par estadounidense Jimmy Carter. Sin embargo, y a pesar de la emoción de algunos dirigentes, la jornada estuvo marcada por la apatía.

Las calles de la capital, por ejemplo, estaban casi vacías. La habitual circulación del fin de semana había menguado junto con la entrada en vigor, el sábado, de la ley seca. La campaña del gobierno para incentivar la afluencia a las urnas fue incesante. Avisos en la televisión recordaban a los miles que estaban en sus casas cuánto faltaba para que cerraran los comicios y los instaban a votar. Torrijos salió personalmente a pedir dos veces que salieran de sus casas. Pero no tuvo mucho éxito. “Parece evidente que no fue una votación masiva,” adelantó el presidente del Tribunal Electoral, Eduardo Valdés.

El otro elemento que opacó levemente la jornada fueron las denuncias de irregularidades. “Hubo denuncias de nuestros representantes de que han asaltado los centros de votación ejerciendo un férreo control en sus entradas para hacer proselitismo a favor del Sí, violando el código electoral”, informó el Frente Nacional por los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso), una ONG compuesta por sindicatos, docentes y profesores que se opone a la ampliación del canal por los efectos que pudiera tener en el medio ambiente. Tanto el Frenadeso como los ex presidentes Jorge Illueca y Guillermo Endara advirtieron sobre el peligro de salinización de los lagos de agua dulce aledaños.

El ejecutivo, sin embargo, ha apostado todo a este millonario proyecto. En los seis años que lleva bajo autonomía panameña –hasta 1999 estuvo manejado por Estados Unidos–, el canal ha contribuido a las arcas del Estado con unos 2400 millones de dólares. Muchos temen –no sólo la oposición– que los ingresos que produce el canal no sean suficientes para pagar las obras. Los peajes oscilan entre 66 mil dólares y 200 mil dólares. Con la ampliación podrán circular buques más grandes. Esto significará mayores ingresos públicos en un país en donde el 40 por ciento de la población es pobre.