Un total de 60 alcaldes, concejales y funcionarios municipales renunciaron a sus cargos en una región del noreste de Colombia por amenazas de la guerrilla de las FARC, presunta responsable del asesinato de una veintena de concejales en lo que va del año. Las dimisiones se presentaron esta semana en siete municipios del departamento de Norte de Santander (frontera con Venezuela), donde una facción de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) amenazó con asesinar a los servidores públicos si no renunciaban a sus cargos, según denunciaron los afectados.

A raíz de esas intimidaciones, formalizaron la renuncia de sus cargos siete alcaldes, 46 concejales y siete secretarios de los poblados de Convención, El Tarra, La Playa, San Calixto, Teorama, Hacarí y El Carmen. “Ante la latente posibilidad de que nuestra integridad física y la de los demás servidores esté en peligro, presentamos a usted renuncia a nuestros cargos”, señala una carta firmada por cinco alcaldes. Sin embargo, las renuncias, presentadas al gobernador departamental Luis Miguel Morelli, no han sido aceptadas por haberse originado en presiones, según dispone una resolución del Ministerio de Interior y Justicia. La Federación de Municipios –que agremia a los mandatarios locales del país– pidió al gobierno reforzar la seguridad de los funcionarios y sus respectivas comunidades. Pero los alcaldes indicaron que a pesar de las manifestaciones de apoyo de la fuerza pública, la dimisión es irrevocable porque su compromiso institucional “tiene un límite: la vida y la libertad”. Según la denuncia, las FARC culpan a los funcionarios de la venta de una electrificadora regional, y de respaldar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y la política de mano fuerte del presidente Alvaro Uribe.

La Defensoría del Pueblo de Colombia rechazó ayer la campaña de amenazas a concejales. “Los funcionarios locales son civiles ajenos a la confrontación armada”, dijo el titular de la Defensoría, Vólmar Pérez. “Los grupos armados tienen la obligación ética de respetar la vida, la libertad y la seguridad de alcaldes y concejales”, agregó.